México sigue teniendo una deuda histórica con los pueblos indígenas que habitan ancestralmente en lo que hoy se reconoce como el territorio nacional. Exclusión, empobrecimiento, discriminación, aculturación dirigida, castellanización forzada, despojo, represión y muchos otros agravios se han acumulado a lo largo del tiempo. Uno de los más emblemáticos en los últimos años es la traición del gobierno federal a los Acuerdos de San Andrés Sacam’chen de los Pobres (Larráinzar), firmados con el EZLN en febrero de 1996.
Aunque muchos intelectuales y académicos no lo consideren así, amplios sectores de la sociedad civil apuestan porque este año represente una coyuntura también histórica para las diferentes expresiones y demandas del movimiento indígena del país. Ello debido a que no está en juego solo la presidencia y los cargos de “los de arriba”, sino la posibilidad de poner un freno a la barbarie que se instrumenta día con día sobre los pueblos y comunidades indígenas que siguen viendo vulnerados sus derechos ante el avance del capital, pero también porque el Estado neoliberal ha dejado de asumir su responsabilidad con estos pueblos.
Es innegable que a diferencia de los demás candidatos a la presidencia, AMLO conoce a profundidad las condiciones de vida de los pueblos indígenas. En primer lugar, porque vivió entre los chontales cuando fue director de un Centro Coordinador Indigenista en su natal Tabasco, entre 1977 y 1982. En ese estado es ampliamente reconocido y recordado por llevar a cabo el proyecto de los famosos “camellones de la chontalpa”, que consistió en desarrollar la agricultura en zonas pantanosas consideradas poco aptas para los cultivos, elevando y diversificando la producción de las familias indígenas.
Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que de llegar a la presidencia, dará un importante giro a las políticas indigenistas que han llevado a cabo los últimos gobiernos de corte neoliberal. Para ello ha anunciado la creación de un nuevo organismo de atención a los pueblos indígenas, que estará encabezado por el abogado mixe Adelfo Regino Montes, quien se ha destacado por ser un activo defensor de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente en Oaxaca. Este organismo contará con capacidad jurídica, presupuestal y administrativa para instrumentar programas destinados a los productores indígenas, comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, pero también en materia de educación, salud, e infraestructura.
Es de suma y estratégica importancia reconocer que el Proyecto de Nación (PN) 2018-2024, que constituye la plataforma de gobierno de AMLO, sostiene que es necesario hacer efectivo el reconocimiento y sobre todo el respeto por parte del Estado, de la autonomía territorial, de las formas de organización política y social de los pueblos indígenas, así como de los sistemas normativos expresados en prácticas jurídicas propias para la impartición de justicia. Al respecto, el PN dice a la letra: “aún queda pendiente el reconocimiento pleno de los derechos indígenas en la Constitución Federal. Hay un compromiso del Nuevo Gobierno Democrático con el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y se promoverá la incorporación integral a la carta magna y a las legislaciones locales de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas reconocidos por las leyes y tratados internacionales” (p. 326-327).
AMLO ha señalado que los pueblos indígenas, junto con otros sectores sociales discriminados y marginalizados por el Estado, serán prioridad en su gobierno. En los últimos meses ha visitado decenas de comunidades indígenas del país, frente a las que ha ido perfilando diferentes ideas que permiten identificar de qué manera abordará en su posible gobierno, la reparación del daño que es urgente después de tantas décadas de violaciones a sus derechos fundamentales. En septiembre del año pasado, en Etchojoa Sonora, que es parte del histórico territorio del pueblo mayo o yoreme, estableció el compromiso de apoyar las demandas de los pueblos indígenas. En octubre, frente al pueblo rarámuri de Bocoyna, señaló: “duele mucho estar aquí en esta sierra de Chihuahua, como cuando voy a visitar comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, ver tanta pobreza. Hay, ya lo dije, 60 millones de pobres en México, pero entre los pobres, los más olvidados son los indígenas del país”.
En febrero de este año, frente a integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, que han enfrentado la voracidad del capital a través de la imposición del gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada, AMLO asumió el compromiso de que su gobierno “no pasará sobre la voluntad de las comunidades con ningún megaproyecto” y por el contrario, instrumentará un programa culturalmente pertinente de reactivación del campo a partir de las necesidades y aspiraciones de futuro de los propios pueblos indígenas (El Sol de Puebla, 03/02/208).
El pasado diez de abril, en el marco del compromiso que estableció AMLO para reactivar el campo a través de la firma del Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, en Jerez, Zacatecas, el Movimiento Indígena Nacional (MIN) reconoció a Obrador como el único candidato que podría resolver las justas demandas de los pueblos originarios. Pero también le entregó un documento con seis propuestas de acuerdo, como la creación de una sexta circunscripción plurinominal indígena, además de una redistritación electoral que sea coherente con las condiciones geográficas y culturales y que no se fundamente únicamente en criterios puramente numéricos, que homogeneizan a la población. También le demandaron convocar a un nuevo constituyente, pues “con tantas reformas constitucionales, ya no es suficiente cancelar las reformas estructurales”, lo que hace necesaria una nueva constitución que reconozca a los pueblos indígenas bajo los principios innegociables de libre determinación y autonomía.
El pasado 17 de abril, AMLO se reunió con autoridades tradicionales del pueblo yaqui, en Pótam, Sonora, ante quienes se comprometió a atender sus “reclamos históricos de territorio y agua, agricultura y desarrollo social, servicios y vivienda, educación y cultura” y a que cualquier proyecto o programa que se lleve a cabo en su territorio, se hará en el marco del respeto a sus tradiciones y formas de organización social de los ocho pueblos que constituyen a esta tribu (www.unotv.com).
A diferencia de los últimos gobiernos neoliberales, el PN señala que los modos de organización social de los pueblos indígenas no pueden seguir siendo vistos como un problema ni como expresión de rezago, sino como una alternativa para enfrentar la crisis civilizatoria que caracteriza nuestros tiempos, pues durante cientos de años han cultivado prácticas comunitarias que han construido relaciones más armónicas con el entorno, fundamentadas en una ética basada en la reciprocidad social y ambiental.
Aun cuando sería deshonesto no aceptar que el PN que encabeza AMLO en lo que respecta a las demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas, es perfectible, también es importante reconocer que de llevarse a cabo, no nos ofrece la certeza pero sí la posibilidad de abrir una nueva etapa en la lucha por la justicia que caracteriza la historia de resistencia de los pueblos indígenas de México. En el marco del respeto a la diversidad de posturas políticas e ideológicas, apostemos a esta construcción de la esperanza, pero también al principio del fin de una larga noche llena agravios hacia el fundamento histórico e identitario de nuestro país que son los pueblos indígenas.
Milton Gabriel Hernández García.
Etnólogo y doctor en Desarrollo Rural por la UAM-X.
