Los créditos de PPS igualarían a la deuda pública del gobierno de Moreno Valle

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El monto de los créditos contratados por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) al menos empataría la deuda pública de dicha administración, según un cruce de datos hecho con cifras dadas a conocer ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La administración morenovallista se ha distinguido por la opacidad con la que maneja los créditos que le ha aprobado el Congreso del estado o los que ha logrado por su cuenta propia; sin embargo, se sabe que hasta 2013, por la vía de PPS, contrajo pasivos por más de 5 mil 200 millones de pesos.

La SHCP, en el reporte titulado “Obligaciones financieras de entidades federativas y municipios por tipo de deudor, saldos al cierre de 2013”, registra que el Poder Ejecutivo poblano tiene pasivos por 5 mil 762 millones 638 mil 36 pesos, que representan 65 por ciento de la deuda pública absoluta que tiene el estado, la cual asciende a 8 mil 808 millones de pesos, sumando los préstamos de dependencias, organismos y los ayuntamientos.


El documento de marras señala que los organismos estatales adeudan 393 millones 588 mil pesos; las Comunas, 812 millones 299 mil 757 pesos, y los organismos municipales 2 mil 104 millones 770 mil 91 pesos.

En total, las obligaciones del Poder Ejecutivo estatal, las dependencias y organismos y municipios suman 8 mil 808 millones de pesos, lo que indica que hubo una reducción de la deuda en 306 millones 895 mil 973 pesos, pues en 2012 el crédito era de 9 mil 115 millones de pesos.

No obstante, la deuda por PPS era a mediados del año pasado de más de 5 mil 200 millones de pesos, sin contar el uso de una línea de crédito por más de mil 400 millones de pesos, aprobada por el Congreso.

Los PPS son una modalidad de participación pública privada en la cual el sector privado presta servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público. En esta esquema se comparten las capacidades, fortalezas y recursos de ambos sectores para ofrecer servicios de calidad a la población.

Un PPS se desarrolla con base en un contrato de servicios de largo plazo, a través del cual un inversionista proveedor proporciona un conjunto de servicios al sector público, de acuerdo con niveles de calidad definidos durante la vida del contrato. Los servicios contratados en un PPS deberán servir de apoyo para que el sector público pueda dar cumplimiento a las funciones y servicios públicos que tienen encomendados. En el caso más completo, el inversionista proveedor se hace cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los activos y servicios relacionados con esta provisión.

Su realización implica la celebración de un contrato de servicios de largo plazo entre una dependencia o entidad y un inversionista proveedor. Los servicios provistos bajo el contrato deben permitir a las dependencias o entidades dar un mejor cumplimiento a las funciones y servicios encomendados y a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales.

El gobierno estatal, a través del titular de la Secretaría de Finanzas, Roberto Moya Clemente, ha dicho que los PPS no pueden considerarse deuda, sino sólo gasto corriente.

Además, en su comparecencia ante la LVIII Legislatura, en febrero del año pasado afirmó que el monto que el gobierno del estado tiene registrado bajo PPS era de únicamente mil 200 millones de pesos, lo que significa 31.5 por ciento del costo total que tuvo el CIS de Puebla.

Cabe recordar que el CIS tiene un valor que supera los 3 mil 800 millones de pesos, y que será pagado en 24 años. El actual presidente municipal, José Antonio Gali Fayad, siendo titular de la Secretaría de Infraestructura, reservó toda la información sobre la obra por un periodo de 23 años, por lo que la opinión pública no puede conocer los pormenores del contrato y mucho menos los términos de pago.

Moya ha aceptado que el contrato de PPS es un “pasivo” que tendrán que cubrir las próximas tres administraciones gubernamentales como “gasto corriente”, tal como se hace con los sueldos y prestaciones de los empleados. Durante la comparecencia ante la LVIII Legislatura, señaló que es un símil de hipoteca para adquirir una vivienda cuando el sueldo no alcanza.

Insistió en que la ley no considera el PPS como deuda y tampoco se obliga a reportarlo como tal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esencialmente porque no se ha garantizado el pago con recursos del Fondo de Participaciones Federales; sin embargo, especialistas como Eudoxio Morales Flores han advertido que el gobierno del estado no quiere llamar las cosas por su nombre y disfraza el estado real de las finanzas públicas al negar que los Proyectos de Prestación de Servicios son deuda.

El doctor en finanzas públicas, Eudoxio Morales Flores, y académico de la UAP, ha dicho que aunque semánticamente no se llama deuda, en la parte técnica un PPS es un pasivo, es decir, una deuda interna del estado que se debe pagar a una empresa que puso dinero para construir un edificio a cambio de una ganancia.

Los vacíos legales permiten al gobierno estatal afirmar que no se trata de una deuda; no obstante, en términos reales y técnicos, la administración que encabeza Rafael Moreno Valle comprometió recursos por más de 9 mil millones de pesos durante éste y los próximos tres periodos gubernamentales, ha explicado el especialista.

“Se escudan en vacíos, igual que las empresas, para no pagar impuestos”, ha expresado Morales, al afirmar que a la administración o al gobernador se le olvida que el recurso que se use para cubrir durante los próximos 20 años el costo del CIS es dinero que pagarán los poblanos con sus impuestos.

Eudoxio Morales consideró que de los mil 200 millones de pesos invertidos por la empresa privada que construyó el CIS durante los próximos años estará recuperando el dinero invertido cobrando 900 por ciento más. “Por cada peso invertido en el CIS se estarán cobrando por la empresa 8 pesos más”.

De hecho, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin afirmar que se trata de deuda, establece en su explicación de los PPS que los cursos de las instituciones que utilizan ese esquema sí comprometen recursos públicos a través de gasto corriente.

“Los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten. Una vez cumplidos estos criterios el gobierno tiene la obligación de cubrir los pagos correspondientes, los cuáles se registran como gasto corriente.

“Se debe demostrar, a través de un análisis de costo y beneficio, el valor de realizar un PPS. Los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre los dos sectores. La prestación de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o provea el inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el sector público”.