El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció este martes que no se permitirá “por ningún motivo” la trata de mujeres indígenas en el país, con fines de explotación laboral para servicios domésticos, en respuesta al caso de María Hilda Bustillos, conocida como Lili Bustillos, en el estado de Puebla.
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“Es un delito grave, es trata. Que se analice y se vea el caso”, solicitó el mandatario federal, sobre la detención de Lili Bustillos.
En Palacio Nacional, López Obrador pidió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudad (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, que “atienda el caso de Puebla, porque no lo podemos permitir por ningún motivo”.
El tema de la trata de personas en Puebla llegó a la conferencia mañanera de este martes, que encabeza el presidente de la República, para exhibir el caso de María Hilda Bustillos, quien retuvo por 15 años esclavizada a una indígena de la Sierra Norte.
Una de las reporteras expuso que la acusada fue detenida en Puebla, en una primera ocasión y después liberada por una juez que minimizó el caso, por lo que pidió al presidente que se atenda el caso de la trata de personas en el país, pues existen casos documentados en Ciudad de México y Nuevo León.
Puebla ocupa la octava posición a nivel nacional con más víctimas de trata de personas, de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al sumar 244 casos entre 2015 y 2022.
María Hilda Bustillos Lucas fue vinculada a un proceso penal, tras ser denunciada por el delito de trata de personas bajo el supuesto de trabajos forzados en contra de mujeres indígenas, principalmente de la Sierra Norte de Puebla.
La imputada se encuentra recluida en el penal de San Miguel, como una medida cautelar que la juez a cargo del caso estableció durante una audiencia, hasta que concluya la investigación complementaria, lo que ocurrirá en los próximos cinco meses.
Sobre Bustillos pesan dos denuncias de presuntas víctimas de trata de personas que presentaron una denuncia formal en su contra. Acusaron tratos inhumanos y crueles, como cortarles el cabello de forma arbitraria, no darles de comer, hacerlas barrer bajo la lluvia, golpearlas físicamente y mantenerlas incomunicadas en una casa de la colonia San Manuel.
El pasado 25 de marzo, personal de la Fiscalía General del Estado detuvo a Lili en la colonia San Pedro de la capital del estado, por segunda ocasión, pues el 9 de marzo fue aprehendida por primera ocasión, pero se desestimó el caso.
Durante una audiencia para definir su situación jurídica, la juez a cargo del caso Lizeth del Carmen Fuentes Trueba consideró que la detención de la mujer fue ilegal y ordenó su libertad.
Diversas organizaciones han denunciado el caso entre las que destacan Red de Formadoras Kualinemilis A.C., la cual ha asegurado que la mujer retenía a sus víctimas en donde les impedía cualquier forma de comunicación con el exterior bajo amenazas de hacerle daño a sus familiares o de golpearlas a ellas, y de esa forma mantenerlas trabajando como empleadas domésticas, con la promesa de pagarles mil 500 pesos a la semana, lo que nunca se cumplía.