Ocho de los 10 trabajadores despedidos injustificadamente de Volkswagen de México firmaron el pasado viernes sus convenios de reinstalación, por lo que en esta semana ya se presentarán a laborar en las instalaciones de la empresa ubicada en Cuautlancingo.
El jueves representantes legales de los despedidos, así como los apoderados legales de la ensambladora, se presentaron de manera conjunta ante tribunales para solicitar dejar sin efecto los allanamientos parciales que la compañía había ingresado el 12 de julio y poder llevar a cabo lo más pronto posible la firma de los convenios, indicaron fuentes cercanas al caso.
Un día después, los operarios -removidos entre octubre de 2023 y enero de 2024- fueron citados en el primero, segundo, tercero y cuarto Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales del Estado de Puebla para formalizar el regreso.
Enrique Tepox, uno de los operarios que peleó por la reinstalación, confirmó que el 5 de agosto ya se presentarán a laborar cuando menos cuatro de los trabajadores, los cuales estarán acompañados de un actuario para que dé fe.
“Estamos muy contentos, este es un logro muy importante para todos los trabajadores. Realmente nos pagaron las prestaciones con salario diario integrado; el convenio se realizó conforme lo pedimos”, dijo a La Jornada de Oriente.
Cabe precisar que un noveno trabajador despedido acordó que la trasnacional lo indemnizara, es decir que ya no regresará a laborar a la planta de Puebla; mientras que uno más optó por continuar su proceso legal hasta concluir el juicio, por así convenir a sus intereses.
El 30 de julio de este año, los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron que Volkswagen de México deberá implementar un plan de remediación, el cual incluye precisamente la reinstalación.
Se fijó el 9 de agosto de 2024 para que la compañía cumpla con cada uno de los puntos que establece el mismo.
El plan será monitoreado por el gobierno de México y este deberá proporcionar evidencia de cada acción que realice la compañía para su cumplimiento; los resultados serán compartidos con autoridades estadounidenses y la firma germana.
Posteriormente, ambos países determinarán si la ensambladora cumple, para lo cual dispondrán de 30 días posteriores al vencimiento del plan.
Rosario Ortiz Magallón, integrante de la presidencia colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas y abogada de los despedidos, expuso en la semana que recién culminó que el plan que los gobiernos de Estados Unidos y México ordenaron a Volkswagen de México implementar, no representa solo un triunfo, sino que también comprueba que hubo violaciones a los derechos de libertad sindical y de contratación colectiva.
