Por amenazas de muerte, el opositor a la hidroeléctrica y locutor de Radio Tlacuache de la comunidad de San Pablo Zoquitlán Salvador Sánchez Bolaños se encuentra desplazado de manera forzosa desde la semana pasada junto con su familia.
Lo anterior, luego de que un grupo de hombres armados trató de ingresar a su domicilio para atacarlo, en el contexto de un conflicto generado por la imposición de un megaproyecto en la Sierra Negra del estado, que ha provocado la desaparición de un habitante y la expulsión de nueve más.
El sábado 18 de mayo cuatro hombres armados se presentaron en la casa de Sánchez Bolaños, en la comunidad de San Pablo Zoquitlán, pero como justo en ese momento el poblador iba llegando a su domicilio, logró huir ante el posible intento de homicidio.
Omar Esparza, compañero de Sánchez en el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), informó a La Jornada que después de huir, el activista, su esposa y sus dos hijos tuvieron que salir de Zoquitlán para evitar un nuevo intento de agresión.
Reveló que “la presión emocional, el miedo y la angustia de que tu vida y la de tu familia estén en peligro es una tensión muy fuerte que afecta tu vida cotidiana y es parte de la estrategia para desmovilizarlo y acallarlo”.
Aseguró que el intento de agresión a Sánchez es una represalia por su participación en la lucha de la comunidad mixteca de Zoquitlán para impedir la instalación del proyecto hidroeléctrico Coyolapa–Atzalan, promovido por la compañía minera Autlán. Además del desplazamiento forzoso de Sánchez, su esposa y sus dos hijos, explicó que los ataques de grupos armados ya generaron la desaparición del activista Sergio Rivera Hernández, de la cual ya se cumplieron ocho meses, y la huida de su esposa Consuelo Carrillo, y los cuatro hijos de ambos.
Confirmó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y se encuentran en pláticas con el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
La emisora comunitaria Radio Tlacuache (donde Sánchez era locutor) se quedó sin una de sus voces más críticas y ahora él está desplazado y sin poder trabajar, y eso le rompe todo su esquema de vida, lamentó.
Otros activistas denunciaron que las amenazas de muerte contra Salvador provienen de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán y sus familias, de manera específica de Victorio Téllez Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval, quienes se encuentran vinculados a proceso por su participación en la desaparición de otro defensor de derechos humanos, Sergio Rivera Hernández.