Locatarios y residentes de la zona de la 46 Poniente protestaron este lunes en contra de los cateos que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo en la zona pues aseguraron que fueron víctimas de robos y saqueos.
Los comerciantes y colonos pidieron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta una mesa de diálogo para exponer su situación pues indicaron que son afectados en sus ingresos pues sus negocios permanecen cerrados ya desde hace casi un mes.
Fueron alrededor de unas 300 las personas que vestidas de blanco se concentraron en la zona para ofrecer una conferencia de prensa en la que pidieron no ser objeto de abusos por parte de los agentes de investigación.
Sarahí Ramos Romero, representante de la Unión de Refaccionarias, explicó que locatarios intentaron demostrar con documentación que las autopartes que venden tienen un origen legal pero el personal de la FGE hizo caso omiso e incauto la mercancía, según expuso.
Señaló que posteriormente, personal de Normatividad Comercial del ayuntamiento hizo una revisión y encontró documentos incompletos por lo que los involucrados acudieron a las oficinas de Gobernación municipal pero les dijeron que no había ningún trámite autorizado para ellos.
En el uso de la voz, otros comerciantes y residentes acusaron que los agentes ministeriales ingresaron a sus viviendas y se llevaron muebles, incluso de cocina así como dinero en efectivo, por lo que acusaron que fueron víctimas de robo.
“Lo tenemos todo legal ¿qué le pasa a esta gente? ¿qué le pasa al gobierno? Necesitamos que alguien nos ayude (…) Revolvieron toda mi casa buscando dinero, no buscaban otra cosa, buscando dañarnos, somos gente de esta zona, si algunos delinquen pues que hagan su labor de investigación, nosotros tenemos cómo comprobar la procedencia de las autopartes”, señaló uno de los inconformes, visiblemente afectado.
En otra intervención, una mujer de más de 70 años señaló que es viuda y vive sola en su casa que se encuentra en la zona, a la cual ingresaron los policías ministeriales, se llevaron muebles y posteriormente pusieron sellos de clausura por lo que no puede ingresar a su vivienda y tuvo que pedir a una de sus hijas que le diera hospedaje.
Ramos Romero señaló que ya presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) pero no han recibido respuesta.