El abogado Gilberto Vladimir Montalvo González solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiar las violaciones constitucionales que se cometieron en la entrega de la concesión del servicio hídrico a la compañía Agua de Puebla, con la finalidad de obligar su revocación.
En una conferencia de medios explicó que recurrió a esa instancia internacional debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la empresa el 11 de julio de 2018 bajo circunstancias que, a su parecer, dejaron entrever que el máximo tribunal de justicia del país sucumbió a las presiones del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, fallecido cinco meses después de la sentencia en un accidente aéreo.
El integrante del estudio de abogados Montalvo y Terrenos aseguró que la licitación pública que ganó en 2013 Agua de Puebla para administrar el servicio hídrico en la capital del estado por 30 años violentó el artículo 136 de la Constitución del país, debido a que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Puebla (SOAPAP), responsable del procedimiento, incumplió con dar publicidad a la apertura de propuestas técnicas.
Además, acusó que la actuación del SOAPAP también vulneró el derecho a estar informado de los ciudadanos, consagrado en el artículo sexto constitucional, para favorecer a una compañía vinculada a los intereses políticoeconómicos de Moreno Valle, quien en ese momento fue uno de los principales defensores de la privatización como titular del Poder Ejecutivo local.
Pone en duda imparcialidad de la corte
Gilberto Montalvo presumió que la SCJN se prestó a una negociación política con Rafael Moreno Valle Rosas, debido a que la Segunda Sala sobreseyó el juicio en contra de la licitación que inició en 2015, tres días después de que el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) entregó la constancia de mayoría como gobernadora electa a Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa del exmandatario local.
Además, relató que hubo un giro sorpresivo en la atención del caso, porque inicialmente se había asignado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayan, pero al final el proyecto lo elaboró Margarita Beatriz Luna Ramos, entonces integrante de la SCJN, bajo el argumento de que el primero se encontraba de vacaciones.
“El caso lo habían mantenido ocho meses en el cajón, ¿por qué, de repente, lo cambiaron de ministro?, ¿cuál era la prisa de someterlo a votación en ausencia de Pérez Dayán?”, cuestionó el litigante.
Asimismo, refirió que uno de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito se pronunció a favor de revocar la concesión en septiembre de 2016; sin embargo, ante la falta de acuerdo, el tribunal decidió remitir el expediente a la SCJN para que resolviera en definitiva, por lo que el caso llegó hasta esa instancia, la última que ofrece el país en el sistema de administración de justicia.
Una compañía no debe estar a cargo, argumenta ante la CIDH
Gilberto Montalvo expuso que en la solicitud que envió a la CIDH el año pasado no solamente arguye las violaciones cometidas por el SOAPAP a los artículos 6 y 136 de la Constitución, sino también que la licitación debe de revocarse debido a que se trata de un derecho humano que no puede tener ánimo de lucro.
En esa lógica, prosiguió el abogado, el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales no debería ser garantizado por una empresa privada que persigue la obtención de ganancias.
Precisó que todavía se encuentra a la espera de que la CIDH admita la petición, tras lo cual se iniciaría una revisión del caso que podría derivar en una recomendación al Estado mexicano por la violación de esos derechos.