Indígenas totonakús, otomíes y tepehuas procedentes de la Sierra Norte de Puebla, instalaron en el zócalo de la ciudad de Puebla un plantón para denunciar vicios en los procesos que se siguen contra Ángel Ajanel Vargas y su hijo, Ángel Ajanel Aguas, dirigentes de Familia Unida para el Desarrollo Social (Fudes), así como de su homólogo de la Coalición Nacional Constitucionalista Revolucionaria de Trabajadores y Campesinos, Marcelo Bonilla Flores, quienes fueron encarcelarlos por apoyarlos y denunciar la participación del exsubsecretario de Gobernación estatal, Ardelio Vargas Fosado, en el desalojo forzado a que fueron sometidos, el pasado año.
Los campesinos responsabilizan del encierro de sus dirigentes a las denuncias que hicieron el 6 de julio de 2023, cuando se quemaron casas para desalojar a los campesinos que mantenían la posesión de las tierras en el rancho La Palma, en el municipio de Z. Mena, en la Sierra Norte de Puebla y donde participó la Policía Municipal, Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
La historia de la región cuenta con graves episodios de violencia caciquil, casi todos protagonizados por ganaderos y terratenientes que impidieron por diversos mecanismos frenar el proceso de reparto de tierras a comunidades y grupos indígenas y campesinos solicitantes. La violencia que ha prevalecido en la Sierra Norte y específicamente en esa región es añeja y es la forma como se han dirimido los conflictos territoriales y el despojo a los pueblos originarios.
Por otra parte, las redes de complicidad y la tremenda colusión de autoridades del Poder Judicial con caciques de la Sierra Norte no es nueva, evidenciando el uso faccioso de la justicia. Esa justicia que se usa para encarcelar en este caso a tres dirigentes que apoyaron a los indígenas campesinos desalojados, quienes aseguran que el encierro de sus dirigentes se debe a las denuncias que hicieron contra el exsubsecretario de Gobernación estatal Ardelio Vargas Fosado y las influencias para hacer que la fuerza pública actuara contra ellos en la quema de sus viviendas y el desplazamiento forzado.
Por ello, es un llamado a las autoridades para mediar en un conflicto que puede escalar si no se transparenta y se atiende la inconformidad de los campesinos, que hoy señalan vicios en el proceso al que están sometidos quienes los apoyaron y por tanto demandan su libertad.
