Según datos oficiales, en lo que va del año, en el estado de Puebla se han registrado 80 intentos de linchamientos, de los cuales solo uno se ha consumado en la comunidad de Chalchihuapan, hace un par de días, según lo reveló el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien también informó que hace dos días en Atzizihuacán hubo tres personas que estuvieron a punto de ser linchadas y gracias al trabajo coordinado de las diferentes fuerzas policiales que participaron en la activación del protocolo contra linchamientos pudieron ser rescatadas.
En 2024 la entidad cerró el año con 11 linchamientos consumados en cinco municipios, la cifra más alta registrada en los últimos cinco años, de acuerdo con datos del gobierno del estado. Hay que decir que Puebla destaca entre las entidades que más linchamientos han tenido, en el marco y a la par del incremento que a nivel nacional se ha dado de los índices de violencia e inseguridad que, desde los primeros años de la década de 2000 se ha observado.
Si bien los linchamientos pueden considerare como resultado de la omisión del Estado para garantizar seguridad y justicia, en un contexto de criminalidad y múltiples violencias, cada caso es particular en la medida que puede responder a causas diversas, así como a propios abusos de la autoridad que sufren los pobladores, a procesos de intolerancia o conflictos diversos.
En diferentes momentos el gobierno estatal ha recibido diversos señalamientos y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se enfatiza y reitera que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos del Estado de Derecho, porque la justicia por propia mano no es justicia, exigiendo el deslinde de responsabilidad de las autoridades que debieron evitar con su intervención que se privara de la vida a las personas.
Para ese organismo el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en entidades como Puebla muestra la fragilidad del Estado de Derecho, donde los procedimientos e instancias para juzgar las conductas delictivas son endebles.
Por ello es importante que existan los protocolos de actuación y estrategias de intervención, ya que la actuación oportuna de la autoridad es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas.
