Otros dos casos podrían sumarse a la denuncia que ya existe ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de María Hilda Bustillos conocida también como “Lili Bustillos”, quien actualmente se encuentra en calidad de prófuga, por el delito de trata de personas.
Tras ser detenida el pasado 9 de marzo, la mujer fue liberada el sábado debido a que la juez Lizeth del Carmen Fuentes Trueba consideró que su aprehensión fue ilegal; sin embargo, se emitió una nueva orden de detención en su contra pero hasta este lunes no había sido localizada.
Así lo informó Anita Hernández Morales, representante de la organización Red de Formadoras Kualinemilis A.C., la cual condenó el actuar de la jurista por haber permitido la liberación de la acusada, este fin de semana, al llevar a cabo la primera audiencia dentro de la carpeta de investigación CDI 003534/2022.
Hay que recordar que a “Lili Bustillos” es acusada de engañar a mujeres de la Sierra Norte de Puebla con promesas de trabajo en la ciudad de Puebla, pues en realidad las reclutaba para ponerlas a trabajar en labores domésticas sin pago alguno, incomunicadas de sus familiares, bajo amenazas e incluso mediante el ejercicio de la fuerza física, pues las golpeaba.
La activista contó a La Jornada de Oriente que ya existen otras dos personas que presentarán una denuncia formal ante la FGE en contra de la mujer; sin embargo, los casos de los que la agrupación conoce son cinco. De esa forma las denuncias formales ascenderán a tres.
Sin embargo, lamentó que la mujer haya sido liberada por supuestas irregularidades en su detención pues ahora está prófuga y no se tienen pistas de dónde pudiera estar, además de que indicó que las denunciantes temen por su integridad y las de sus familias ya que han recibido amenazas de muerte.
Mediante un comunicado difundido este domingo, la organización expuso otros testimonios anónimos en contra de “Lili Bustillos”, los cuales se reproducen a continuación:
“No me pagaba, no comía y no veía a mi familia”, señaló una persona que dijo que estuvo cinco meses en esclavitud durante el año de 2017.
“Me llevó a su casa, prometiendo trabajo; yo tenía mucha necesidad y por eso fui; me dejaba encerrada con llave cuando se iba de vacaciones y no podía comer su comida, nunca me pagó, intenté suicidarme en dos ocasiones con los productos que usaba para limpiar el baño, el día que huí una señora que rentaba ahí me ayudo, me salí sin nada, ella me trajo de regreso a mi casa, no pude denunciar porque nadie me iba a creer, en aquel entonces tenía 15 años y tenía mucho miedo”, señaló alguien que prefirió permanecer en el anonimato.
“Yo igual trabajé bajo sus gritos y amenazas, todo porque necesitaba yo, pero nunca me pagó ni un peso, ella sí tiene derechos, nosotras no, nosotras vivimos con miedo de ella y su familia, yo necesito que pague por tratarme como esclava, logré escapar por un inquilino que tenía en ese momento, mi prima vivió lo mismo que yo, con esa mujer”, señaló otra persona que pidió el anonimato.
“Mi mamá pasó lo mismo que leí de otras mujeres, esto fue hace 5 años, ella está dispuesta a denunciar, pero quiere protección porque la mujer la amenazó de muerte y de dañar a mi familia”, indicó otra persona.
“Mi mamá también fue víctima de ella y qué coraje lo que le llegó a hacer, la llegó a quemar con aceite y le lanzó sus cosas afuera, aparte de quitarle su credencial de elector y tenerla sin comer, ojalá y pague todo el daño que hizo”, se indica en otro testimonio.
Mediante el comunicado, una treintena de agrupaciones pidieron que el proceso de investigación se realice con una diligencia adecuada a fin de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas.
“Es indispensable que tanto la jueza como la Fiscalía General del Estado de Puebla, sean responsables en el proceso de investigación y sanción de un delito, actuando con la debida diligencia, investigando y juzgando con perspectiva de género, poniendo al centro la garantía de los derechos de una víctima del delito de trata de personas”, se indica en la misiva.