Ayer se realizó en el Congreso del Estado de Puebla un foro para legislar sobre la declaración especial de ausencia por desaparición, norma que protege los derechos de las personas que están siendo aún buscadas y de sus familiares en materia de identidad jurídica, patrimonial y comercial, entre otros.
En ese marco, María Luisa Núñez Barojas, vocera del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, denunció que mientras apenas un puñado de diputados promueve la norma, el Departamento Jurídico del Poder Legislativo simultáneamente combate un par de amparos que exhiben la omisión de los representantes populares en la materia y obligan a que la actual legislatura apruebe la ley a más tardar el periodo de sesiones que próximo.
El reclamo lo hizo la portavoz -cuyo hijo, Juan de Dios Núñez Barojas, estuvo desaparecido desde el 28 de abril de 2017 hasta el 18 de febrero de 2022- ante Andrés Marcelo Díaz Fernández, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH-México), representantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, emisarios del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, familiares buscadores, activistas solidarios, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla que acudieron al “Foro de Declaración Especial de Ausencia en Puebla: un mecanismo de protección para las víctimas de desaparición”.
El acto se llevó a cabo ayer a lo largo de la mañana en el Auditorio Miguel Hidalgo del Congreso local y sólo acudieron cinco diputados: la convocante, Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; su copartidario en el Partido del Trabajo (PT), José Antonio López Ruiz; los panistas, Eduardo Alcántara Montiel y María Guadalupe Leal Rodríguez, y la también petista, Nora Yessica Merino Escamilla.
Aunque Núñez Barojas exhibió la contradicción del Congreso -ya que por una parte elabora una iniciativa de ley y en paralelo litiga en contra de una buscadora y la hija de una mujer desaparecida- y el desdén por el tema, pues de 41 representantes populares que integran el pleno solo media decena hicieron acto de presencia en el foro, su reclamo y mirada se centraron en Nora Merino Escamilla.
La buscadora recordó que su compañera de lucha, María Eugenia Margarita Rojas García -quien busca a su hija, Fabiola Narváez Rojas, desaparecida desde el 13 de enero de 2021- ganó dos amparos para garantizar los derechos de su nieta haciendo efectiva su tutela -por ejemplo, su registro como derechohabiente de seguridad social- mientras se busca a su madre ausente por causa forzada.
La sentencia judicial obliga además a que el Congreso de Puebla legisle en un máximo de dos periodos, a partir del presente, sobre la declaración especial de ausencia por desaparición.
Sin embargo, en absoluto contrasentido al impulso que está dando la diputada Mónica Silva y otros diputados interesados, el Departamento Jurídico de la LXI Legislatura ha decidido recurrir el amparo.
La líder de La Voz de los Desaparecidos en Puebla también recordó que el 26 de febrero de 2020 asistió a una sesión de la LX Legislatura de la que fue expulsada debido a que protestó por la designación de Gilberto Higuera Bernal como fiscal General del Estado por un periodo de siete años.
Sin mencionarlo por su nombre, Núñez Barojas rememoró que la orden de sacarla del salón de plenos la dio Gabriel Biestro Medinilla, a la sazón presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y hoy titular de la Secretaría del Trabajo en el gobierno estatal, quien en días posteriores al suceso pretendió justificar su actitud arguyendo que a los diputados “se les respeta”.
En esa legislatura, Nora Merino Escamilla -cercana a Biestro Medinilla- también era diputada.
María Luis Núñez también trajo a la memoria los 43 días que en el verano de 2021, La Voz de los Desaparecidos en Puebla se sostuvo en un plantón a las afueras de la parte trasera del edificio Legislativo, que ayer les abrió las puertas, pero en esa ocasión obligó a madres, padres, hermanos, hermanas y otros familiares buscadores a pernoctar a la intemperie, por no atender su demanda de legislar para apoyar la localización de sus seres queridos.
Durante la increpación de la madre buscadora, la diputada guardó silencio. Su rictus era adusto y solo tamborileaba con la mano izquierda, a veces sosteniendo la mirada a su interlocutora, otras buscando la de su compañero de bancada, Antonio López, quien estaba sentado a su diestra.
Para finalizar su discurso, María Luisa Núñez Barojas pidió a los legisladores presentes formular la mejor ley posible en materia de declaración especial de ausencia por desaparición, una norma que se adecúe a las necesidades de los familiares de los desaparecidos, quienes en este momento se encuentran en completo desamparo.
Roberto Alonso, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana Puebla, fue quien siguió en el turno al micrófono a María Luisa Núñez Barojas.
El académico también se refirió a la contradicción denunciada por la activista, resaltando que hay diputados que no están tomando con la seriedad debida la protección a las víctimas colaterales por las desapariciones, aunque hay otros, como también lo reconoció María Luisa Núñez Barojas, que no sólo son sensibles a responder legislativamente a esa necesidad, sino que incluso han trabajado con las organizaciones de familiares y especialistas en la integración de una iniciativa de ley, como es el caso de Mónica Silva Ruiz.
Alonso también enfatizó la necesidad de legislar bajo el modelo de parlamento abierto, el cual supone, apuntó, escuchar a la sociedad y respetar puntos de vista que pueden resultar incómodos, pero ciertos, en aras de lograr las mejores normativas.