El Ministerio Público Investigador de Tetela de Ocampo adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó en libertad a los presuntos integrantes del comando armado que atacó y despojó a 35 turistas que visitaban las cascadas y la gruta del Arenal en el municipio de Zoquiapan.
Un guía de turistas del municipio, víctima del hecho, narró que aunque fueron ocho personas quienes presentaron su denuncia contra los sujetos a los que identificaron plenamente, el MP no encontró pruebas de su culpabilidad, argumentó que el dinero, carteras y teléfonos celulares robados no fueron hallados entre las pertenecías de los detenidos.
Víctimas precisaron que el abogado de los sujetos está vinculado con el expresidente de Zoquiapan, Esteban Pérez Rivera, quien cobra el acceso a turistas y lugareños al mayor atractivo turístico en la Sierra Nororiental de Puebla, pues el camino atraviesa su rancho conocido como “El Encato”.
Atraco con armas largas
El pasado domingo al menos 35 turistas nacionales, con sus respectivos guías y demás visitantes se encontraban en el sitio ecoturístico -que consta de cascadas y la gruta donde fluye el agua cristalina del rio subterráneo Tahikan-, cuando fueron sorprendidos por un comando armado, integrado por media decena de hombres que portaban armas largas y cortas, algunos con rifles hechizos e incluso escopetas oxidadas.
Los delincuentes que acechaban desde la parte alta de la cascada, descendieron para despojar violentamente a turistas y visitantes de celulares, carteras, mochilas, llaves de autos y demás pertenencias con las que contaban las víctimas.
Por resistirse al atraco, dos visitantes de la Ciudad de México fueron golpeados con la culeta de las armas, hasta reventarles la nariz y la boca.
El guía narró que tras el despojo, las víctimas acudieron a la presidencia municipal donde acusaron los hechos. Alexis Pantoja Hernández, secretario General del ayuntamiento de Zoquiapan, además de confirmar los hechos, señaló que la edil Ana Teresa Hernández González instruyó que los turistas y afectados recibieran primeros auxilios y los medios necesarios (pago de pasajes y gasolina) para que las personas que se quedaron sin nada pudieran regresar a sus lugares de origen.
Exhortó a las más de 30 personas (entre pobladores y turistas) que resultaron afectadas a interponer una denuncia judicial en Tetela, pues el municipio de Zoquiapan no cuenta con un MP, instruyó también que fueran detenidos los hombres que fueron señalados por las víctimas.
“Identificamos plenamente a los criminales, aunque tenían pasamontañas portaban la misma ropa y reconocimos su voz. Los encaramos, el grupo de delincuentes es conocido ya por la comunidad”, dijo el guía de turistas.
El llamado de denuncia de la presidenta municipal solo fue atendido por ocho personas que tenían la esperanza de recuperar credenciales, tarjetas de crédito, llaves de sus domicilios o autos y documentos importantes que portaban en sus mochilas.
Aunque el nutrido grupo de víctimas identificó y ofreció detalles de sus agresores, el Ministerio Público de Tetela de Ocampo adscrito a la FGE desestimó la acusación desde el principio, argumentó que no existían pruebas contundentes y ordenó la liberación de los acusados sin ser presentados ante el MP.
Pobladores y guías de turismo de Zoquiapan coincidieron en señalar que el grupo de hombres señalados han enfrentado ya demandas y cargos por portación de armas.
“Gastamos lo último que teníamos en viajar a Tetela y poner la denuncia, pero no sirvió de nada. El abogado del expresidente Esteban Pérez Rivera acudió a defender a los integrantes del comando armado y fueron liberados”, lamentó el guía de turistas que prefirió el anonimato.
Explicó que guías turísticos dejaron de usar el camino ancestral hacia las cascadas y la gruta del Arenal tras de que el expresidente Pérez Rivera cerrara el paso, al adquirir el rancho conocido como “El Encanto” y cuyo acceso cobra en 50 pesos por persona, más servicios que ofrece por transitarlo.
“Los guías de turismo decidimos bordear el camino, lo hacemos así aunque igual que pobladores, consideramos que el paso a los ríos y caminos comunales debe ser libre”.