María Luisa Núñez Barojas, vocera del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, exhibió ayer las contradicciones del Congreso local que, simultáneamente, a través de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, impulsa la iniciativa de ley para la declaración especial de ausencia en la entidad, mientras el Departamento Jurídico litiga para evitar que se legisle en la materia.
Más allá de los diferendos o la carencia de comunicación y coordinación interna de los diputados y sus auxiliares, es necesario que todos los sectores sociales, particularmente la clase política local, asuman que la desaparición de una persona tiene un impacto devastador en sus familiares. Además del dolor y la incertidumbre, la ausencia genera problemas económicos, legales y sociales.
En este contexto, es fundamental que el estado de Puebla cuente con una ley para la declaración especial de ausencia por desaparición, la cual permitiría a los parientes de las personas desaparecidas acceder a derechos civiles, como los sucesorios, los derechos de propiedad o solucionar aspectos vinculados con su estado civil.
La ley de declaración especial de ausencia por desaparición debe establecer un procedimiento sencillo y accesible para los familiares. El procedimiento debe ser gratuito y no debe exigir requisitos que sean difíciles de cumplir.
La ley también debe garantizar que los familiares de las personas desaparecidas reciban acompañamiento y asesoría legal durante el proceso.