Luego de dos años de continua e intensa discusión sobre la ley que debería normar la investigación científica en México, el 13 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados un anteproyecto de dictamen para expedir una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Por la importancia del tema y el interés despertado entre comunidad científica y de los diversos sectores de la sociedad interesados e involucrados en el conocimiento de las humanidades, así como del desarrollo científico y tecnológico del país, los diputados accedieron a llevar a cabo un ejercicio de parlamento abierto –de los cuales aún faltan por celebrar cinco foros–, con el propósito de recoger las propuestas de los distintos sectores en un saludable ejercicio democrático.
Las discusiones tuvieron como base la propuesta del presidente López Obrador que considera a la “ciencia y sus beneficios como un derecho humano”, trascendente propuesta que revoluciona las categorías de ciencia y de investigación, que además implica el acceso universal a becas de posgrado.
En la exposición de motivos, dice el presidente de México, que su iniciativa se orienta a evitar que el conocimiento surgido de la investigación financiada por el sector público tenga un carácter mercantil, sino que, invariablemente, deberá estar “al servicio del pueblo de México, y su uso, aprovechamiento y explotación estén sujetos al interés público”.
Advirtiendo que, bajo el neoliberalismo, los recursos del erario público destinados a la investigación se utilizaron para favorecer intereses individuales y los recursos se asignaron, mediante fideicomisos y transferencias financieras, con criterios puramente mercantiles, dando mayor impulso a la investigación aplicada –orientada a resolver los problemas de producción y administración de las empresas privadas–, con poco impacto en la contribución a la solución de los problemas de la sociedad. Además, el descuido de la investigación básica fue lamentable.
En consecuencia, la propuesta de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, se plantea como propósito central dejar atrás la privatización del conocimiento científico y tecnológico, además de procurar que los investigadores y los grupos de investigación se comprometan con el diseño del futuro nacional.
Esto es interesante, pues no se trata de prohibir algún tipo de investigación, incluida la que se lleva a cabo en el sector privado que hace del conocimiento una mercancía, sino que ese tipo investigación no será financiada con recursos del erario público, posición contraria a la asumida por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, que entregaron a grandes empresas, incluidas un buen número de trasnacionales, 45 mil millones de pesos que representaron, aproximadamente, se dice en la exposición de motivos de la nueva ley, el 50 por ciento de los recursos asignados al sector en esos18 años. Situación insostenible, que la ley también pretende corregir y dar prioridad al financiamiento público de los proyectos de investigación estratégicos regionales y nacionales.
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, contempla una mayor participación de los miembros de la comunidad científica en los órganos de decisión del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, nombre renovado del Conacyt, que tendrá una Junta de Gobierno integrada de ocho miembros e incluirá, además de los representantes de la comunidad científica, al sector social y privado.
Finalmente, la nueva ley contempla el financiamiento y establece que el Estado tiene la obligación de otorgar anualmente recursos financieros al Consejo. El monto anual que se asigne a la investigación no podrá ser inferior, en términos reales, a lo aprobado en “el ejercicio inmediatamente anterior”.
Sin duda, la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, puede ser un paso significativo para avanzar en la superación de la dependencia científica y tecnológica, si efectivamente se pone la investigación al servicio de los intereses de la Nación y del pueblo de México, que requieren del concurso de los investigadores científicos quienes, sin duda, podrán contribuir a encontrar soluciones, junto con la población, sin pretender sustituirla, de una problemática que los está esperando.