La justicia federal anuló la aplicación de un capítulo de la Ley de Educación del Estado de Puebla, denominado Educación Indígena, debido a que el Congreso local incumplió con consultar a esas comunidades, dio a conocer el secretario de Acción Indígena del PRI, Fidencio Romero Tobón, quien promovió el juicio de amparo que derivó en esa sentencia.
Explicó que el fallo lo emitió el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, por el cual los diputados se encuentran obligados a reformar el ordenamiento con los resultados de una próxima consulta.
El juicio lo promovieron diferentes comunidades para hacer respetar el artículo 2 de la Constitución del país, el cual obliga a las autoridades legislativas en el ámbito de su competencia a consultar a los pueblos originarios antes de adoptar medidas que afectan sus derechos, detalló.
Anticipa un revés de la SCJN para el Congreso
La determinación del Juzgado Cuarto de Distrito anticipa un nuevo revés para el Congreso poblano por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también impugnó el capítulo de Educación Indígena con una acción de inconstitucionalidad que se encuentra en revisión.
La CNDH además se inconformó con el capítulo de Educación Inclusiva y, en ambos casos, solicitó al máximo tribunal de justicia del país declarar la invalidez de esos apartados de la Ley de Educación por la misma razón: el Poder Legislativo local trasgredió el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios y de las personas con discapacidad.
El órgano defensor de derechos humanos consiguió que la corte invalidara, en nueve sentencias distintas, “cobros excesivos y desproporcionales” que el Congreso local, en la actual legislatura, autorizó a los municipios por la entrega de información pública, así como el cobro ilegal de un derecho por el servicio de alumbrado público.
El 18 de enero pasado, la SCJN anuló también una reforma en materia de desaparición forzada, porque los diputados locales invadieron la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
Además, la corte tiene listo el proyecto de sentencia de otra acción de inconstitucionalidad que la CNDH impulsó para anular una enmienda en materia de corrupción que creó la figura de testigos sociales en las licitaciones públicas, ya que los diputados violaron el derecho a la igualdad al prohibir esa calidad a los sentenciados con pena privativa de libertad y a todo servidor público que haya sido sancionado.