En contraste con las toneladas de concreto hidráulico y las obras fastuosas (firmadas con los colores del partido en el que milita y el mismo patrón de rejas perforadas) que Rafael Moreno Valle dejará tras su paso por la gubernatura, el saldo en materia de seguridad pública es menos que desastroso.
El número de denuncias registradas por los Ministerios Públicos y archivadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así como los datos de la Encuesta de Victimización del INEGI muestran que en este sexenio que está por fenecer el crecimiento de la incidencia delictiva fue cercano al 30 por ciento.
Los delitos de alto impacto como el secuestro y el robo con violencia prácticamente se duplicaron, el homicidio doloso tuvo un crecimiento del 30 por ciento, mientras que el homicidio imprudencial o culposo decreció en comparación con las cifras de los últimos dos sexenios.
La multitud de ejecuciones, robos sangrientos y mortales que se dieron a conocer en los medios de comunicación (noticiarios de radio y televisión, diarios impresos y digitales) se reflejaron en los datos estadísticos, duros pues, en las denuncias que han registrado desde el año 1999 hasta la fecha los responsables de la seguridad. Y ahí no hay mayor interpretación, la tranquilidad que se vivió en administraciones anteriores hoy se ve muy lejana.
Y no sólo es el incremento de la delincuencia común, es, especialmente, el incremento de los delitos relacionados con el crimen organizado. Las cifras más recientes sobre robo de combustible hablan de un aumento de casi el 3 mil por ciento. Aunado a ello se ha conocido de ejecuciones y secuestros de personas cuyos cuerpos después son disueltos en químicos para no dejar huella o, peor aún, para generar terror y psicosis en la sociedad.
No es gratuito que el INEGI muestre que en la entidad siete de cada 10 personas se sienten inseguras, y que el incremento en el gasto en protección es del 67 por ciento con respecto al gasto que se registró en el 2010.
Nos sentimos inseguros y estamos obligados a gastar más para protegernos. Eso sin contar que en este sexenio se disparó el feminicidio, el asesinato de mujeres por odio, por miedo, por pensar absurdamente que somos dueños de su cuerpo y su voluntad sólo por ser hombres.
Lejos están las metas que propuso como plataforma de campaña, cuando habló de modernización del sistema penal, del respeto a los derechos humanos, de la reducción en los tiempos de respuesta o incluso la creación de un Instituto de Estudios Criminológicos para la prevención del delito, y de una Agencia Estatal de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad.
La inseguridad nos cuesta miles de millones de pesos
En la administración de Moreno Valle no sólo se ha incrementado la delincuencia, sino que incluso la ciudadanía se ha visto obligada a desembolsar cantidades mayores de dinero de su bolsa para proteger su patrimonio.
Así, mientras en 2011, en el arranque del sexenio, la ciudadanía gastó 1 mil 933 millones de pesos en proteger su patrimonio, para el 2016 –según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad (ENVIPE de este año)— la cifra llegó a 3 mil 237 millones de pesos, esto significa un incremento del 67 por ciento en el periodo.
En tanto que el gasto para atender problemas de salud derivados de la inseguridad y la delincuencia pasó de 310 millones de pesos a mil 367 millones, ahí el incremento porcentual fue de 340 por ciento.
Y las pérdidas económicas pasaron de 4 mil 785 millones de pesos en el 2010, es decir en el último año del sexenio pasado, a 10 mil 886 millones de pesos, lo que significa un incremento del 127 por ciento.
La suma global de estos tres rubros del costo del delito nos dice que en el último año se perdieron 15 mil 491 millones de pesos. Se lo pongo así para dimensionarlo: es como si 1 de cada cinco pesos que tuvo el estado de presupuesto anual lo hubiéramos entregado directo a la delincuencia.
Otra metáfora, ésta más visual, ¿se acuerda de las fotos de los cientos de millones de dólares que encontraron en la casa de Yen Li Yegon? Bueno, es prácticamente cuatro veces esa montaña de billetes.
Repunta el delito violento
Ya lo hablábamos al inicio de ese documento, la delincuencia común y la organizada han anidado en Puebla. No sólo tenemos más delitos, un 30 por ciento más, coinciden cifras del INEGI y de las averiguaciones previas del SNSP, además son delitos cada vez más violentos.
En marzo de este año secuestraron a siete personas en un palenque montado en las inmediaciones del palacio municipal de Cuautlancingo, y días más tarde se encontraron en el municipio de Calpan unos tambos que contenían los restos de los cuerpos de esas personas que fueron disueltos en ácido.
¿Alguien cree que no han sido notorias las ejecuciones en lo que va del año? Datos del sitio Semáforo Delictivo y la empresa consultora en temas de seguridad Lantia señalan que en Puebla hasta octubre pasado eran cerca de 300 los asesinatos de personas que pueden calificarse como ejecuciones, de hecho calculan que el 63 por ciento de los homicidios dolosos en el último año entran en esa categoría, una cifra que supera el 58 por ciento de la media nacional y ubica a Puebla entre los estados con focos rojos encendidos.
En Robos con Violencia la cifra creció 179 por ciento con respecto al sexenio pasado. Los datos son así: en los 69 meses contabilizados por las autoridades se cometieron 62 mil 314 delitos de este tipo, es decir 903 al mes, o lo que es lo mismo 30 al día y 1.2 cada hora. En el sexenio pasado la cifra contabilizada en el mismo periodo fue de 23 mil 815, es decir 345 al mes y 11.5 al día y 1.4 cada tres horas.
Así, aunque el gobierno del estado presume que desde 2014 ha comenzado a registrarse una disminución en las denuncias de delitos que registra el SNSP, lo cierto es que en el acumulado Moreno Valle sigue presentando saldos negativos, y los delitos violentos no dejan de aumentar.
El secuestro es un caso paradigmático, mucho se ha escrito y hablado en los medios de comunicación de que Puebla tiene una de las mejores unidades antisecuestro del país, con altos niveles de efectividad, pero nada de eso ha servido para contener el delito, pues el incremento general entre este sexenio y los gobiernos de Mario Marín y Melquiades Morales es de 170 y 229 por ciento respectivamente. 211 casos en 69 meses, contra 78 y 64 en los gobiernos precedentes.
El delito de alto impacto social que comparativamente ha disminuido respecto de los dos gobiernos precedentes es la violación sexual, la reducción es del 18.9 y del 12.5 en comparación con las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín. Y aun así en Puebla se cometieron en este sexenio 1.6 violaciones por día.
Y no hay que perder de vista el incremento que ha tenido ese delito en el último año.
Lavado de dinero
En octubre pasado Álvaro Delgado, reportero y columnista de la revista Proceso publicaba las siguientes líneas:
“En la zona más cara del estado, Lomas de Angelópolis, se levanta un lujoso complejo inmobiliario integrado por centros comerciales, corporativos, habitacionales y de entretenimiento –restaurantes, bares, cines, clubes nocturnos–, desde donde se mira la majestuosidad del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
“Es el opulento Distrito Sonata, donde se inaugurará, en diciembre, el hotel más grande de Puebla y se estrenará en 2017 la torre residencial más elevada de México, Nubola Tower, de 198 metros de altura, en cuya cúspide habrá helipuerto, muro para escalar y una alberca semiolímpica que tendrá como fondo los volcanes”.
Ese y otros desarrollos dice Álvaro, “han sido edificados por Blueicon, una firma de Puebla que se ufana de haber construido en la zona 200 mil metros cuadrados desde 2012 y que, apenas el 28 de junio, anunció la inversión de 500 millones de pesos para el proyecto My Residence, un complejo de tres torres de suites y áreas comerciales, donde estará la sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)”.
Y sigue Álvaro: “Les agradezco que estén invirtiendo sus recursos en este estado, como los 500 millones de pesos de My Residence”, aplaudió Moreno Valle a los inversionistas de Blueicon, cuya prosperidad se cimenta, sin embargo, en actividades criminales, según la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP)”.
Traigo a colación este texto, que ya tuvo su revuelo mediático hace unos meses sin que se conozcan datos nuevos sobre el tema, porque la PGR informó a este reportero tras una solicitud de información que hasta 2014 son siete las averiguaciones previas iniciadas por lavado de dinero, euna de estas investigaciones están relacionadas con la que cita el reportero de Proceso, pues por las siglas del número de expediente se trata de una investigación que lleva a cabo la Unidad Especializada de Análisis Financiero, mientras que el listado que entregó la PGR a la solicitud de información se excluyó esa unidad. Habrá que recurrir al INAI para que que PGR entregue la información completa.
Por lo pronto, lo que nos dice la información de la dependencia es que Puebla es blanco también de delitos de cuello blanco y de lavado de dinero, delitos por cierto no violentos pero que sirven de base económica para el crimen organizado como lo han señalado hasta el cansancio especialistas como Eduardo Buscaglia.
Robo de combustible
Pero si un delito ha crecido de manera exponencial en este sexenio es, sin duda, el robo de combustible, las cifras más recientes dadas a conocer por Petróleos Mexicanos hablan de que para septiembre de este año fueron mil 145 la tomas clandestinas registradas, mientras que en el último año del sexenio pasado, es decir en 2010, la paraestatal registró 49 casos, lo que significa que con esas cifras el incremento es de 2 mil 236 por ciento, y aún falta por contabilizar el último trienio del año.
Pero además, paralelo al robo de combustible la región se ha llenado de violencia y muerte. La Jornada de Oriente documentó que “durante tres fines de semana recientes y de manera consecutiva (entre el 9 de junio y el 18 de julio) en la entidad se perpetraron 52 asesinatos y 36 personas más fueron lesionados por arma de fuego, de los cuales 20 fueron en balaceras y ajuste de cuentas por la disputa del robo de combustible”.
Eso sin contar con los constantes incendios provocados por derrames en las tomas clandestinas.
Ese es, a grandes rasgos, el saldo del primer gobierno de transición, el gobierno de la alternancia que ahora se vende como gobierno exitoso y busca llevar su “experiencia” a la esfera nacional.