A una década que concluyó el sexenio de Rafael Moreno Valle, el gobierno del estado de Puebla enfrenta un pasivo contingente que asciende a cerca de mil millones de pesos por concepto de laudos laborales generados por despidos injustificados de extrabajadores.
La gran mayoría de estos litigios provienen del periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, que coincide con el sexenio del exgobernador panista.
Así lo informó este lunes José Luis García Parra, coordinador de gabinete, durante la conferencia matutina de prensa, donde detalló el impacto financiero de estos procesos heredados.
García Parra explicó que los laudos corresponden a demandas interpuestas por empleados que fueron cesados sin una justificación legal clara durante las administraciones pasadas, obligando al actual gobierno a responder por las sentencias.
“Son despidos que se dieron en otras administraciones, la gran mayoría fueron entre el 2011 y el 2016, donde se despidieron a empleados y empleadas de la administración estatal, no recibieron una justificación y emprendieron un litigio en contra del gobierno del Estado, exigiendo, desde luego, pago de salarios caídos y su reinstalación”, señaló el funcionario.
El coordinador de gabinete reveló que, para el corte de 2025, la actual administración ya ha erogado cerca de 110 millones de pesos para atender y liquidar los primeros casos con sentencias ejecutoriadas.
Compromiso con la transparencia
García Parra puntualizó que el resto de los laudos, que representan la mayor parte de la cifra, se encuentran actualmente en análisis, litigio o en proceso de negociación.
“Hay, desde luego, algunas sentencias ejecutorias que ya es imposible que el Gobierno del Estado evite y es lo que nos obliga a la administración a responder y a erogar estos recursos públicos”, admitió.
En ese sentido, dijo que “el resto de los 900 y tantos millones de pesos que están pendientes todavía lo estamos analizando, lo estamos litigando, en algunos casos se está llegando a algunos acuerdos”.
El funcionario se comprometió a ofrecer un informe más detallado sobre el estado y la estrategia legal de estos laudos en las próximas semanas, en coordinación con la Consejería Jurídica.
Concluyó que la atención a estos litigios por despidos pasados representa un desafío financiero para las arcas estatales, al tratarse de pagos que impactan directamente en las finanzas públicas.
