Las universidades públicas autónomas

Al interior der las universidades públicas autónomas coexisten diversas visiones de los individuos que se desea formar y de la sociedad en la que se aspira vivir.

Una de esas visiones, propone lograr el desarrollo pleno de las capacidades de los universitarios (académicos, estudiantes y trabajadores no académicos), mediante una formación científica, humanista, crítica y transformadora, para que sean, todos ellos, capaces de decidir por sí mismos el proyecto de país que quieren contribuir a construir.

Por supuesto, se debe exigir el respeto a la autonomía de esas instituciones, pero no sólo al aparato gubernamental, sino también de grupos empresariales o religiosos y de cualquier otro tipo que pretenden controlar a estas instituciones o darles su orientación, como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), enemiga jurada de la autonomía, que impuso propuestas como la siguiente: “Crear un sistema externo de certificación de estudios, como existe en la mayoría de los 36 países que integran la OCDE.”


Las universidades públicas autónomas no pueden ser siervas de intereses ajenos a su propio quehacer sustantivo, consistente en transmitir conocimientos, producirlos y difundir las expresiones culturales universitarias como aporte a la cultura de la sociedad.

Sin duda alguna, las universidades públicas autónomas tienen capacidad para diseñar sus planes y programas de estudio, de investigación y extensión que contengan las distintas visiones del mundo que se producen en ellas, y que, transversalmente, correspondan a nuestra historia, nuestras culturas y necesidades locales, regionales o nacionales en busca de la independencia intelectual y científica del país con el propósito de contribuir al desarrollo comprendido como bienestar para todos en un ambiente democrático.

Si se revisa la historia de la educación superior en México, encontraremos que no siempre ha sido tersa la relación entre el gobierno y las universidades públicas autónomas. Los encuentros y desencuentros han sido frecuentes, sin embargo, y pese a todo, las universidades públicas autónomas han aportado al país innumerables beneficios en educación, cultura y conocimiento científico. Incluso, muchas veces de manera soterrada ha violado o intentado violar la autonomía. Especialmente, los gobiernos Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en una indebida injerencia, impusieron el perfil de lo que querían que fueran las universidades públicas autónomas en el régimen neoliberal, que ambos consolidaron, ofreciéndoles recursos financieros a condición de que aceptaran las trasformaciones recomendadas por el Consenso de Washington, consistentes en poner a  las universidades al servicio del capital privado; limitar, hasta desaparecer, su autonomía de gestión académica, administrativa y financiera; el fortalecimiento de las medidas competitivas y privatizadoras, como el financiamiento con base a resultados, visión de  la Universidad como empresa mercantil, incremento de las colegiaturas y del cobro de los servicios universitarios; exámenes de selección excluyentes y discriminatorios, mercantilización del quehacer universitario (estímulos por productividad) y de las funciones universitarias (investigación al servicio de las empresas, diplomados, cursos, asesorías, etc., que se cobran), así como la evaluación punitiva y constante de todos los profesores, entre otras.

Cabe señalar que, con la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la educación, en todos sus niveles, pasó de ser un derecho universal a concebirse como una mercancía más, lo cual la sometió al principio neoliberal de que sólo se obtiene la educación que se puede pagar. Con esto, las universidades públicas autónomas, no sólo han estado imposibilitadas para elevar sustancialmente su matrícula, excluyendo a miles de jóvenes, sino que se alejan de quienes más necesitan de educación gratuita. De la igual forma, la acreditación de las carreras e instituciones, lo mismo que la selección de estudiantes, quedó en manos de empresas privadas y se han convertido en negocios de millones de pesos.

Hoy se habla mucho de la crisis de las universidades públicas autónomas, que, en la mayoría de los casos, es reducida a un problema de naturaleza exclusivamente financiera, incluso, se limita aún más al sistema de pensiones. Sin embargo, una crisis que, consciente o inconscientemente, no se advierte deriva de las políticas neoliberales de corte mercantilista, privatizador, excluyente, inequitativo y contraccionista instrumentadas a lo largo de tres décadas y media de neoliberalismo, período en el que a las universidades públicas autónomas ubicadas en el interior del país se las asfixió financieramente al grado que muchas de ellas no han podido ampliar la matrícula, volviéndose elitistas aun sin quererlo; en otros casos, no han podido cumplir cabalmente con sus funciones esenciales, como en el caso de la investigación básica, incluso la aplicada, lo cual produjo retrasos en el avance científico y tecnológico y del pensamiento crítico de las entidades donde se asientan las instituciones.

En esto es preciso reflexionar y tratar de salir de la trampa restrictiva y privatizadora en que cayeron hace 30 años para lo cual se requiere que el gobierno de la Cuarta Transformación, con su manifiesta vocación social, respete la autonomía de gestión de las universidades públicas autónomas y se les procure recursos suficientes. Pero el gobierno no sólo debe convertirse en un buen proveedor de financieros, sino aprovechar la posibilidad de dar la oportunidad para que, en el ejercicio de su autonomía, los universitarios puedan rediseñar de otra manera a la universidad en ámbitos como el uso austero de los recursos, remover los obstáculos al acceso y permanencia de los estudiantes como las colegiaturas y los exámenes discriminatorios; ampliación de la matrícula, creación de nuevas carreras y posgrados, políticas de mejoramiento de la docencia y la investigación, el ejercicio pleno de la difusión que responda a las necesidades de conocimiento de cada una de las regiones  y de la población mayoritaria. Se trata de una nueva educación superior. No como la quiera el gobierno, sino como demanda la nueva realidad.