El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el análisis “Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho a la Vivienda 2023–2024”, indica que entidades como Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Zacatecas solo cuentan, en conjunto, con 2 mil 949 hectáreas de reserva territorial para vivienda, cantidad que solo representa 10 por ciento de lo estimado que necesitan para el periodo comprendido entre los años 2022 y 2030.
Puebla figura también entre los estados con mayor porcentaje de viviendas sin acceso al agua en 2022 y como sabemos gran parte de las viviendas no dispone diariamente de agua entubada. En un sentido amplio “la reserva territorial es toda superficie colindante con el área urbana de un centro de población o dentro de este, que sea susceptible de ocuparse óptimamente si no está construida, o de renovarse y densificarse si ya lo está”. Sin embargo, avanzar sobre áreas rurales tiene una gran complejidad, ya que gran parte de las mismas domina la tenencia de la tierra ejidal y donde una parte de las tierras son de uso común, es decir que pertenecen al núcleo ejidal y que en muchos casos se resisten a “ceder” las tierras para la urbanización, que finalmente les pueden expropiar.
El Puebla, como en otras entidades del país, la constitución de las reservas territoriales ha suscitado graves conflictos frente a lo que los propietarios o posesionarios de las tierras ejidales y/o comunales han calificado como despojo, ya que por las tierras expropiadas les han pagado indemnizaciones irrisorias.
En la actualidad las urbanizaciones y la construcción de viviendas producto del negocio inmobiliario muestran con más fuerza las problemáticas no resueltas que las ciudades presentan, unas asociadas no solo a la infraestructura de movilidad cada día más compleja para los habitantes, sino al acceso al agua ante escenarios de estrés hídrico por sobreexplotación de los mantos acuíferos, contaminación y falta de saneamiento de aguas residuales, así como los problemas de concentración de desechos donde los gobiernos locales están rebasados.
Por ello, la constitución de nuevas reservas territoriales amerita una revisión sobre las estrategias y la viabilidad de la ampliación de las urbanizaciones frente a la necesidad de la población de acceder a una vivienda.
