Miércoles, abril 14, 2021

Las primeras 14 denuncias contra Ignacio Alvízar por el escándalo de las Revoes

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A quien le empieza a llegar al agua al cuello es a Ignacio Alvízar Linares, quien fue el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, pues el Poder Ejecutivo ha presentado las primeras 14 demandas  por la expedición ilegal de Registros de Validación Oficial de Estudios (Revoes) de nivel de educación superior.

Y por lo menos, hay otros 38 procesos pendientes de Revoes que van a ser retirados de instituciones privadas de educación superior, luego de que se demostró que la calidad de la enseñanza que ofrecen dichas universidades no corresponde a la autorización que le fue entregada durante la gestión de Alvízar Linares.

Eso sin contar que los escándalos de corrupción que actualmente tienen a la cárcel a Oscar Chapa Palomeque, quien era oficial mayor de la SEP y fue procesado por entregar en asignación directa 257 millones de pesos contratos de compra de uniformes escolares, podrían estar empezando a salpicar a Alvízar Linares, quien aspira a convertirse en el funcionario del gobierno de Gali con más problemas legales.

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Desde que arrancó la actual administración estatal, se puso particular interés en investigar lo que se ha llamado una “Estafa maestra doméstica”.

Es decir, algo similar a la Estafa Maestra que operó Rosario Robles Berlanga desde la Sedesol y la Sedatu, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, consistente en entregar –unos 7 mil 500 millones de pesos– en contratos a universidades y organismos públicos descentralizados, para que éstos a su vez contrataran servicios e insumos con empresas fantasmas, las cuales acababan regresando el dinero en efectivo a los funcionarios que habían autorizado esos gastos, previo el pago de comisiones entre los involucrados.

Por esa razón se sabe que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta habría contratado un despecho jurídico, especializado en gasto educativo, para investigar con lupa el ejercicio presupuestal  de la SEP durante el morenovallismo, que abarca los mismo los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas, José Antonio Gali Fayad y hasta la gestión interina de Guillermo Pacheco Pulido, pues en esta última siguió operando una estructura heredada de las anteriores administraciones.

Sobre todo porque se tiene la certeza de que aquí en Puebla algunas universidades privadas, que son pequeñas y que muchas de ellas son propiedad de ex funcionario de la UAP o de la SEP, habrían sido utilizadas para fingir contratos y desviar fondos públicos a empresas fantasmas.

Como parte de esas investigaciones, brotó el tema de los Revoes, de los que se ha especulado que en años anteriores se cotizaban en un millón de pesos la obtención de estos registros cuando los beneficiarios no podían cumplir en tiempo y en forma los requisitos que se deben agotar para gozar de dichos permisos, que se renuevan cada 4 años.

Una primera anomalía descubierta es que hubo 14 Revoes, en los que se aplicó la máxima revolucionaria de: “primero disparo y luego investigó”.

Las anomalías encontradas es que no coinciden las fechas involucradas en los procesos de obtención de los Revoes. Lo cual indicaría que primero se otorgaron y entregaron estos registros de validación de estudios y los beneficiarios, en fechas posteriores se pusieron a entregar documentos y cumplir con los requisitos que debían cubrir desde un principio.

La normatividad que rige a los Revoes obliga que quien tenga una universidad, primero debe demostrar tener espacios físicos, programas de estudios y personal calificado para otorgar un programa de licenciatura o posgrado. Pero tal parece que en 14 casos, se omitieron esas obligaciones.

Por esa razón, ya hay 14 denuncias penales, cada una por cada Revoe irregular, que directamente estarían involucrado a Ignacio Alvízar como principal responsable de dichos procesos ilegales.

Un segundo paquete es de 38 Revoes que fueron revisados por la SEP, entre finales de 2019 y principios de este año. En ellos, se encontró que universidades privadas imparten programas de estudios sin garantizar la calidad de la educación superior ofrecida a sus alumnos.

Lo que procede es retirar esos Revoes a las universidades que lo ejercen y al mismo tiempo, iniciar procesos sancionatorios con la autoridad educativa que permitieron esos abusos.

Debido a la pandemia del Covid–19, el proceso de revisión y posible retiro de los Revoes se tuvo que frenar. Sobre todo porque las instituciones educativas involucradas, han cerrado temporalmente sus puertas.

Esa situación acabó ayudando temporalmente a Ignacio Alvízar, para tener un respiro en la que seguramente será una avalancha de denuncias en su contra.

Ignacio Alvízar es famoso porque en los sexenios de Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores de ser un funcionario de la SEP de clase media, acabó siendo un importante constructor. En esa época muchos servidores públicos hicieron importantes fortunas al amparo de la venta de plazas de docentes.

Cuando regresó a la SEP durante el morenovallismo, primero como subsecretario de Educación Superior y luego como titular de la dependencia en cuestión, se hizo famoso porque sabía resolver todo tipo de trámites y gestiones que siempre son frenados por una burocracia asfixiante. Pero al final esa pericia no le alcanzó para ocultar lo que no fue legal y correcto en su gestión.

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