Una decena de masacres, entre ellas las que destacan las ocurridas en Monte de Chila y Pantepec durante los gobierno del general Rafael Moreno Valle y de Guillermo Jiménez Morales, consideradas entre las violaciones de derechos humanos más graves en el país, así como cientos de ejecuciones extrajudiciales, quedaron fueron del “Informe Final 2024, Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990” presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
A pesar de que Puebla fue señalado como el estado con mayor número de masacres en el país a manos de elementos del Ejército entre 1965 y 1990 y que destaca en las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones de miembros del movimiento estudiantil y de disidencias políticas y religiosas –documentados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH)– el informe final del gobierno federal silencia los casos e ignora los hallazgos de historias que nunca se contaron, así como la memoria de las víctimas que se atrevieron a revelarlas.
El informe que presentó la Segob solo menciona expresamente a Puebla en el apartado: “Sobre la violencia de Estado contra movimientos estudiantiles”, y lo enmarca en los resultados de la investigación del MEH que revela, como en otros estados, el uso sistemático de violencia estatal contra diversos movimientos estudiantiles en las décadas de 1960 y 1970, destacando la coordinación entre diferentes niveles de gobierno e instituciones para reprimir a los disidentes.
El “Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión” cita que en Puebla “la investigación documentó la colusión entre agentes estatales y paraestatales en la masacre del Edificio Carolino en Puebla el 1 de mayo de 1973, resultando en las ejecuciones de dos personas”. En contraste, el informe del MEH elaborado por Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, al respecto documenta la brutalidad de la represión contra universitarios, cita al menos 12 casos de ejecución extrajudicial, tres de ellas ajenas a la comunidad estudiantil.
El informe de la Segob apunta que el Equipo Especial de Investigación y Litigación radicó en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 244 expedientes del periodo conocido como guerra sucia. Los casos conocidos como “secuestro”, “privación ilegal de la libertad”, “abuso de autoridad”, se trasladaron al tipo penal de Desaparición Forzada de Personas. En la estadística constan 18 estados y la mayoría de los casos se concentran en Guerrero: 119 expedientes y 292 víctimas (48.8 por ciento), seguido por Ciudad de México 37 expedientes y 45 víctimas (15.1 por ciento), En Puebla se reconocen dos expedientes y dos víctimas, sin precisar cuáles.
Masacres en Puebla, comparadas con la de Aguas Blancas
El informe final de la Comisión de la Verdad ha sido señalado por luchadores sociales y familiares de las víctimas por “invisibilizar” en su resumen las masacres ocurridas en Puebla. El Informe del MEH recogió testimonios de la masacre de cientos de campesinos –en testimonios se citan 400– totonacos y nahuas ocurrida en 1970, el último año de Gustavo Díaz Ordaz y el primero del gobernador, el general Rafael Moreno Valle, abuelo del finado ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas.
La disputa de tierras fértiles donde se sembraba café fue el motivo. Caciques, coludidos con autoridades desalojaron a pobladores de Monte Chila de propiedades, la feroz defensa de la tierra terminó con la violación sexual de las mujeres y el acribillamiento de pobladores a manos del Ejército, los cadáveres de indígenas quedaron a la intemperie por más de 3 meses, pues se prohibió su entierro como advertencia a futuras protestas.
Consta también el caso en Rancho Nuevo Pantepec, la matanza de 27 campesinos acribillados con armas de alto poder por un grupo de guardias blancas, policías estatales y municipales convocados por caciques de Francisco Z Mena y Xicotepec el 2 de junio de 1982 para dar escarmiento a campesinos que reclamaban tierras que la secretaría de la Reforma Agraria. A 41 años se mantiene impune la matanza que aún no ha sido totalmente documentada pese a la gravedad de lo ocurrido.
El informe del MEH en su volumen 2, parte 3 “Fue el Estado” (1965–1990) da cuenta de varios actos de intervención militar que implicaron violaciones graves a derechos humanos en Puebla; se documentaron al menos 200 víctimas y una decena de masacres más.
Las acciones represivas y detenciones arbitrarias realizadas por el Ejército, la Policía Estatal y pistoleros al servicio de los latifundistas son la constante en el informe, que cita los casos de Hueytlalpan, municipio de Zacatlán; Cuauhtamatzaco, municipio de Cuetzalan; Pahuata, municipio de Xochitlán de Romero Rubio; El Molino, municipio de Zacapoaxtla, y Tetela de Ocampo.
Tampoco fue mencionado el caso Canoa, tema ampliamente documentado en el apartado “Violaciones graves a derechos humanos en contra de disidencias religiosas”
En Puebla, la víctima más joven de ejecución extrajudicial; tenía siete años
En la investigación realizada por el MEH, Puebla destaca también en las “Afectaciones Diferenciadas”, ocupando el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales en niños y adolescentes. Se documentaron al menos tres casos de personas menores de edad que fueron ejecutadas en contextos de luchas sociales y de violencia contra disidencias político-partidistas.
El registro señala la comunidad de San Juan Amecac, del municipio de Atzitzihuacan, como escenario de las ejecuciones del activista de los derechos campesinos Aarón Allende, su hijo de siete años, Cuauhtémoc Allende Pineda, y otro menor de 12 años cuando fueron interceptados por pistoleros de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) –corporación afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI)– mientras transitaban en una camioneta por una parcela un 15 de septiembre de 1989.
Aarón y el niño de 12 años fueron obligados a bajar del vehículo y fueron ejecutados allí mismo. Los sollozos de Cuauhtémoc lo delataron; fue ultimado en el auto con un tiro de gracia.
Consta también la ejecución extrajudicial de Gonzalo Chantes Formacio, de 17 de años, ejecutado en San Andrés Cholula.
Este lunes los expertos de la Comisión de la Verdad acusaron al gobierno de solo difundir un resumen ejecutivo de ocho páginas de su informe que contiene más de 5 mil hojas, además de no tomar en cuenta a más del 50 por ciento de víctimas que ellos contabilizaron.
En entrevista telefónica, Abel Barrera Hernández sostuvo que los hallazgos del informe final del MEH Fue el Estado (1965–1990) retomó elementos a modo. “Simplemente no se dio relevancia a casos que merecían ser reconocidos”
Señaló que las violencias ignoradas, violencias invisibilizadas, historias que nunca se contaron, seguirán así mientras no se nombren y reconozcan.