La Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), que estuvo al frente de la defensa legal de 10 obreros despedidos de Volkswagen de México, criticó y lamentó que las secretarías de Economía y del Trabajo a nivel federal rechazaran la existencia de violaciones a los derechos de los operarios removidos, pese a las evidencias presentadas y que derivaron en ordenar a la armadora aplicar un plan de remediación, mismo que incluyó la reinstalación de ocho técnicos que habían sido removidos y al pago de indemnización de uno más.
Es necesario mencionar que las dependencias mencionadas, en un boletín conjunto emitido el 26 de agosto pasado, sostuvieron que no existieron evidencias de que los operarios hayan sido dados de baja por ser representantes sindicales o participar en actividades gremiales.
Según lo que refirieron las secretarías, las remociones fueron injustificadas solo porque no se dieron en los términos de procedimientos aplicables en materia de terminación de la relación laboral.
En respuesta, la organización manifestó que con sus afirmaciones ambas dependencias del gobierno federal desvirtúan el objetivo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, mismo que fue activado por el gobierno de Estados Unidos.
Subrayó que si durante la investigación no se hubieran encontrado elementos violatorios a la libertad sindical y a la negociación colectiva, el MLRR del T-MEC no hubiera sido implementado y mucho menos aceptado por el gobierno mexicano, más aún cuando la naturaleza del mecanismo no es resolver casos de despido injustificados por temas no relacionados con los derechos colectivos, y en todo caso hubieran dejado que fueran los tribunales laborales mexicanos los que resolvieran.
“Lamentamos que, a través de su comunicado, haya desestimado los testimonios y pruebas presentadas mediante los cuales se acreditó lo violación a la libertad sindical y a la negociación colectiva, dando como resultado un curso de remediación. Hacemos un llamado a LA STPS para que pondere, de acuerdo a su mandato constitucional, los derechos de las y los trabajadores mexicanos por encima de los intereses económicos y la presión económica y política que puedan realizar las empresas para silenciar las denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras ante la violación a sus derechos humanos laborales”.
La Red de Mujeres Sindicalistas recordó a las secretarías que sus obligaciones son las de velar por el respeto y garantía de los derechos laborales y humanos, en cumplimiento a la política de la actual administración de establecer un gobierno para la defensa real de las y los trabajadores.
El mismo 26 de agosto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció que Volkswagen de México cumplió con la aplicación del plan de remediación que se le instruyó acatar por haber denegado los derechos laborales a la decena de trabajadores que removió entre finales de 2023 y en enero de 2024.
Informó que la empresa también estableció directrices para evitar futuras interferencias de los empleadores en los asuntos sindicales y salvaguardar la capacidad de los trabajadores de ejercer libremente su derecho de asociación.
Además, dio a conocer que las autoridades de México ofrecieron capacitación y realizaron inspecciones periódicas en las instalaciones de la planta ubicada en Cuautlancingo, con la finalidad de monitorear el curso de la remediación y el cumplimiento de la ley mexicana por parte de la compañía automotriz, la cual protege la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva de los empleados.
