Es cierto lo que se dice en la Rayuela del viernes 18 de octubre pasado: “La enorme resistencia al avance de la reforma al Poder Judicial evidencia el tamaño de los intereses afectados.” Y la derecha, como es alérgica a los procedimientos democráticos, centra su oposición, sobre todo, en la forma de elegir a quienes habrán de impartir justicia.
Lo que puede observarse es que, a partir del 2018, antes de hablarse de la reforma al Poder Judicial los amparos otorgados por este Poder fueron el instrumento utilizado para frenar el cumplimiento del programa de gobierno que, en esa ocasión, fue apoyado por más de 30 millones de sufragios. Es el caso, por citar lo ocurrido con uno de los proyectos estelares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo múltiples amparos para impedir la construcción del Tren Maya, amparos que el dictador respetó hasta mostrar la improcedencia de cada uno de ellos.
Las batallas de la derecha, son ejemplo de lo que el Poder Judicial no debe llegar a ser jamás: convertirse en un instrumento para ser protagonista en la lucha por defender los intereses de alguna de las fuerzas políticas que se disputan el poder gubernamental. El Poder Judicial tiene como función vigilar el cumplimento de los procedimientos referidos a la Constitución se cumplan tal como lo establece el texto constitucional, de ahí que sus integrantes no deban andar por ahí exigiendo interpretar la Constitución, o dando órdenes a la titular del Ejecutivo para borrar lo publicado en el Diario Oficial de la Federación por mandato del Poder Legislativo, simplemente porque no les gustó que el Poder Judicial, cambie verdaderamente y cualquier cambio no sea un mero maquillaje para que todo siga igual.
Si hoy se ve a los jueces magistrados y ministros en las marchas y plantones convocadas por los trabajadores de Poder Judicial en rechazo a la reforma, ya se sabe, entonces, cómo van a proceder los ministros, magistrados y jueces cuando tengan que decidir sobre la realidad del cambio, que no es broma, sino la necesidad de un Poder capaz de impartir justicia y sin proteger intereses ajenos a la democratización de la sociedad mexicana.
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El problema generado por la actitud militante y facciosa de los miembros del Poder Judicial, para enfrentar la reforma propuesta enviada por el Ejecutivo de la Federación desde el 5 de febrero de este año, no es el único que requiere la templanza fortaleza y capacidad de la Presidenta de la República en la conducción de la República.
Al parecer, algunas fuerzas políticas y económicas están tratando de poner a prueba el valor de una mujer que, por serlo, los conservadores creen que pueden mellar su firme postura y su valor para dirigir el cambio. Los acontecimientos en Culiacán y otros crímenes que, por su crueldad y vesania parecían no tener cabida en la sociedad mexicana, y más recientemente el asesinato del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez¸ figura clave en la lucha por la paz en Chiapas, parecen tener el propósito de desestabilizar al país, para luego seguir con la campaña de ingobernabilidad “prevaleciente en el país”. Por lo menos, ese fue el procedimiento seguido en Honduras (2009), Paraguay (2012) y en Perú (2022), en donde sus presidentes fueron acusados de incapacidad para mantener el orden en su país y proceder a su destitución. Curiosamente, como en otros países donde ha habido golpes blandos de Estado, eran gobiernos que, según Estados Unidos, ponían en riesgo su seguridad nacional; otro dato curioso: en Paraguay, el golpe inició con un diferendo con el embajador estadounidense.
Por fortuna, en México hay una Presidenta que tiene un proyecto de país claro, empatía para recoger las propuestas del pueblo, capacidad y firmeza en la conducción, del gobierno, acompañada, sin sometimiento, de un Legislativo elegido abrumadoramente por el pueblo y a él responde, defendiendo y fortaleciendo el proyecto transformador de la Cuarta Transformación.
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