La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre se deslindó este martes de los señalamientos hechos por locatarios del mercado Cosme del Razo, en San Pedro Cholula, quienes acusaron a presuntos integrantes de dicha organización de haber protagonizado amenazas armadas para exigir el pago de “derecho de piso”.
En entrevista telefónica, Xihuel Sarabia, uno de los principales dirigentes de la agrupación, atribuyó estas acusaciones al gobierno del estado y las calificó como parte de una campaña de desprestigio que, según dijo, busca la desarticulación y eventual desaparición de la organización.
Al respecto, la UPVA manifestó su rechazo total a las amenazas sufridas por los locatarios del mercado municipal de San Pedro Cholula y aseguró no tener relación alguna con los hechos ocurridos.
Xihuel Sarabia explicó que fue a través de notas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación como la organización tuvo conocimiento de que se les señalaba como responsables de las agresiones. Enfatizó que son completamente ajenos a esta situación.
En este sentido, recordó que la organización ha denunciado una serie de acciones judiciales en su contra, como la detención de Antonio Vidal, uno de sus líderes, así como el asesinato de Néstor Jesús Garduño, coordinador de la UPVA 28 de Octubre, quien fue atacado a balazos la noche del martes 10 de junio en la colonia Valle del Dorado.
A estos hechos se suma la amenaza contra la vida de Rubén Sarabia, alias Simitrio, dirigente histórico de la UPVA, quien fue mencionado en un narcomensaje abandonado junto a un cadáver con huellas de violencia, el pasado 16 de junio.
En este contexto, Xihuel Sarabia informó que la organización ha solicitado una audiencia con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a fin de exponer la gravedad de los hechos. Sostuvo que tanto las recientes acusaciones como las acciones anteriores constituyen una campaña sistemática de criminalización y hostigamiento contra la UPVA.
Finalmente, atribuyó al gobierno estatal, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, la responsabilidad de impulsar esta estrategia que, según denunció, tiene como objetivo la desarticulación y extinción de la organización.
