La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) suma ya tres meses sin servicio de drenaje, lo que ha provocado un grave foco de infección que afecta a dos instituciones educativas, informó María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA)
En conferencia de medios, la activista afirmó que la concesionaria del agua potable se ha negado a la reconexión del servicio argumentando un adeudo que la institución no ha podido pagar.
Sin embargo, subrayó que las condiciones insalubres también afectan a un CBTIS que se encuentra junto a la institución, lo que genera una situación insalubre para jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia.
Manifestó que este es uno de los miles de cortes ilegales que lleva a cabo la concesionaria Agua de Puebla en medio de la epidemia Covid-19.
Sostuvo que las aguas negras no tienen una salida hacia el drenaje en una de las zonas más pobladas de la ciudad como lo es la colonia Guadalupe Hidalgo al sur del municipio.
Recordó que en 2019 se pudo evitar un intento de corte en la institución educativa; sin embargo, en esta ocasión se consumó, lo que afecta gravemente a la población en el contexto del regreso a clases presenciales.
En el marco del Día Mundial del Agua, la activista sostuvo que esta es una de las razones por las cuales se debe remunicipalizar el servicio del agua potable en Puebla capital, por lo que instó al edil, Eduardo Rivera Pérez, a hacer lo conducente.
María Eugenia Ochoa García exigió al edil panista Eduardo Rivera Pérez que remunicipalice el servicio de agua potable en Puebla capital ante el fracaso del contrato con la empresa Concesiones Integrales.
La integrante de la Asamblea Social del Agua subrayó que la concesionaria está incurriendo en delitos al hacer cortes del servicio, por lo que el ayuntamiento de Puebla debe de recuperar el control del agua potable.
Urgió al Congreso del estado a reformar la Ley de Agua del estado de Puebla, legislación que fue cambiada a finales de 2012 para abrir el camino al contrato con Concesiones Integrales.
Manifestó que el siguiente paso para la protección del agua como un derecho humano es la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que detenga las privatizaciones del líquido a nivel nacional.
Una vez que se tenga dicho ordenamiento, los congresos estatales deberán acatar su normativa y esta extenderse hacia las legislaciones locales.