En el Congreso del estado se integraron formalmente los consejos consultivos de corte empresarial y académico con integrantes en su mayoría de la ultraderecha. Entre quienes conforman la primera de estas agrupaciones que se encargarán de dar consejos sobre la aprobación de nuevas leyes y reformas destacan Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Héctor Sánchez Morales, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Carlos Sosa Spinola, presidente de (Canacintra), organismos históricamente ligados a la organización de ultraderecha El Yunque.
También forman parte del consejo empresarial Claudia López Corral, Gustavo Nolasco Morales, Fernando Torres y Luis Alberto González, quienes se desempeñan como consejera nacional, abogado general, secretario general y consejero nacional de Coparmex, respectivamente. A ellos se suman Martha Joanna Trujillo Polaco, directora general de Llum; Silvia Ávila Cholula, presidenta del clúster de Plásticos y Economía Circular; Luis Aguirre Morales, presidente del Clúster Agroalimentario; Juan Pablo Cisneros Madrid, expresidente de la Canaco; César Bonilla Yunes, presidente del Consejo de Organismos Empresariales, y Lino León Cruz, presidente fundador de Mundo Migrante.
El consejo consultivo académico también tiene fuerte presencia de instituciones identificadas con posturas conservadoras. Lo integran Jorge Medina Delgadillo, vicepresidente de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), institución señalada por sus vínculos con la ultraderecha, así como Herlinda Ortiz Rodríguez, coordinadora del Centro de Investigación Multidisciplinario de la Universidad Anáhuac, ligada a los Legionarios de Cristo.
En el mismo órgano participan Lucía Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP); Ariadna Hernández Rivera, profesora investigadora de la Facultad de Economía, y Olga Vázquez Guzmán, investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno de la misma universidad.
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Durante la sesión de instalación, Beatriz Camacho sostuvo que el consejo consultivo empresarial representa un “contrapeso legítimo, democrático y preventivo” que fortalece la calidad del proceso legislativo, contribuye a la legitimidad de las leyes y mejora su impacto en la vida cotidiana. Aseguró que la participación ciudadana organizada es parte de una gobernanza necesaria para todo el país y que el estado de derecho no se alcanza concentrando el poder, sino mediante “instituciones sólidas, diálogo y contrapesos democráticos legítimos”.
Frente a los cuestionamientos de que estos consejos son figuras propias de congresos de derecha, la dirigente empresarial afirmó que promover contrapesos “no es una postura ideológica”, sino una “responsabilidad democrática y económica”. Recalcó que los contrapesos “no son oposición política, no representan intereses partidistas ni buscan confrontar al poder público”, sino que se orientan a “fortalecer la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de las instituciones”.
Camacho subrayó que un consejo consultivo no legisla, no gobierna y no juzga, sino que “analiza, propone, alerta riesgos y aporta evidencia, siempre dentro del marco constitucional y con pleno respeto a la división de poderes”. Indicó que la idea de crear estos consejos surgió en una reunión entre empresarios y la entonces presidenta del Congreso del estado, Laura Artemisa García Chávez, de Morena, y fue materializada por su sucesor Pavel Gaspar Ramírez, también legislador de ese partido.
Agregó que un consejo consultivo ciudadano o empresarial “no implica una cesión de facultades ni una intromisión en la soberanía legislativa”, sino la institucionalización de un “contrapeso democrático”. Afirmó que este mecanismo fortalece la confianza institucional, reduce la discrecionalidad y permite construir leyes más justas y eficaces, al tiempo que consideró “histórico” que el Congreso reconozca que la participación política se robustece cuando se complementa con participación organizada bajo reglas claras y pluralidad.
La empresaria sostuvo que hoy en Puebla existe un “gobierno abierto y con voluntad política”, en referencia al gobierno de Alejandro Armenta, lo que ha sido aprovechado por organizaciones de la sociedad civil para impulsar propuestas “orientadas al bien común”. Aseguró que estas decisiones “dignifican la función legislativa” y que los “contrapesos legítimos no debilitan al poder, lo hacen más fuerte”.
Por su parte, Pavel Gaspar Ramírez afirmó que es propio de los gobiernos de izquierda escuchar a todos los sectores, incluidos empresarios y académicos, en la construcción de leyes con impacto social. Sin embargo, la configuración predominantemente de ultraderecha de los consejos consultivos deja fuera a otros actores sociales, sindicales y comunitarios que también reclaman voz en el Congreso del estado.
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