La Universidad Iberoamericana de Puebla y el colectivo la Voz de los Desaparecidos exigieron al Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que garanticen la unidad familiar, el interés superior de la niñez y ofrezcan ayuda humanitaria a los integrantes de la Caravana Viacrucis 2024 que fue retenida por más de 24 horas en el vecino estado.
Al mismo tiempo, la institución educativa y otros colectivos jesuitas y de la sociedad civil expresaron su preocupación ante la posible deportación de estos migrantes hacia sus países de origen donde sus vidas corren peligro.
Las organizaciones reprobaron los hechos reportados desde la tarde del 24 de mayo hasta las primeras horas de la mañana del 25 de mayo en las inmediaciones de Soltepec, Tlaxcala, ocurridos cerca de la antigua estación de ferrocarril, que evidencian que personal del INM, la GN y policías estatales detuvieron, cercaron, emboscaron y amenazaron verbalmente a aproximadamente a 300 personas migrantes, entre las que se encuentran mujeres embarazadas, niñas, niños y personas con alguna discapacidad física.
El pronunciamiento está dirigido al INM, la GN y otras autoridades correspondientes, como la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; así como a personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia-DIF, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados-COMAR, el Instituto Federal de la Defensoría Pública-IFDP, la Organización Internacional de las Migraciones-OIM y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, para que garanticen la unidad familiar y vigilen el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, además de que documenten los hechos in situ.
“Expresamos nuestra profunda preocupación porque estas personas sean detenidas y maltratadas por personal del INM y GN, incomunicadas, enviadas a un centro de detención en entidades del sur de México o bien expulsadas a sus países de origen sin la debida orientación jurídica ni apoyo humanitario, poniendo en riesgo sus propias vidas al ser deportados a sus países de origen donde han sufrido amenazas y violencia, condiciones que han provocado una alta movilidad humana de personas y familias”.
Agregan que hechos tan graves como estos han ocurrido en otros lugares durante esta misma semana, como es el caso de lo sucedido en Apizaco, Tlaxcala con Ana Leticia Díaz Escamilla, madre buscadora hondureña en proceso de localización de su hijo desaparecido, Marco Antonio Díaz Escamilla.
Entre las organizaciones que firman el desplegado también se encuentran la Clínica Jurídica para Refugiados “Alaide Foppa” de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; el Programa Universitario en Migraciones de la Universidad Iberoamericana Puebla; la Red de Atención Iztegral a Migrantes; Red Franciscana para Migrantes México y la Red Jesuita con Migrantes México.