Un dato fundamental que no puede pasar desapercibido de los hechos violentos de la noche del lunes pasado en Ajalpan es que mientras una turba linchaba a dos encuestadores, otro grupo numeroso incendiaba y saqueaba la alcaldía, mediante acciones vandálicas que se extendieron a todo el edificio y a tres instalaciones públicas aledañas, pero solo hubo una oficina con la que nadie se metió, nadie la tocó e incluso la protegieron. Se trata del lugar de trabajo de Luis Enrique Gómez Soto, contador del ayuntamiento.
Gómez Soto no solamente es el encargado del área administrativa del gobierno municipal, sino también es el esposo de la regidora Nohemí Mediana Sandoval y la posición más importante que ocupa en el municipio es que es líder regional de la organización Antorcha Campesina.
Luego del desastre del lunes 19 de octubre, Luis Enrique Gómez se ha ausentado del palacio municipal, pese a que debería ser el principal funcionario –por ser el responsable administrativo– en interesarse en hacer un balance de los bienes y documentos que se perdieron durante el asalto masivo al ayuntamiento, en el cual se perdió casi todo.
Un segundo dato que genera mucha inquietud es que para nadie era un secreto que desde el pasado proceso electoral federal había un ambiente tenso, conflictivo, entre el alcalde priista Gustavo Lara Torres y Luis Enrique Soto, o mejor dicho entre el edil y en general la organización de Antorcha Campesina, la cual ha buscado desde hace 5 años convertirse en una agrupación dominante en esa región del sur del estado.
Ante estos datos surge una pregunta básica: ¿qué papel jugó Antorcha Campesina en los hechos violentos del lunes anterior?
No hay evidencias –por ahora– que demuestren que Antorcha Campesina instigó la agresión contra el ayuntamiento –que no es la misma que derivó en la muerte de dos encuestadores–, pero sí existe una percepción de que los hechos violentos fueron una combinación de una histeria colectiva contra dos falsos ladrones de niños, por un lado, y por otro lado, el interés de grupos políticos de cobrarle afrentas al alcalde priista Gustavo Lara Torres.
La primera versión que hubo del conflicto en Ajalpan indicaba que el día de la tragedia una turba fue a buscar a dos supuestos ladrones de niños que estaban retenidos en la prisión local, de donde los sacaron, los golpearon, los interrogaron y finalmente les prendieron fuego, y una vez que eso ocurrió, la gente extendió su accionar violento contra la alcaldía, una oficina de la Secretaría de Desarrollo Social federal, la sede del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos y una delegación subalterna del Ministerio Público.
Eso no fue así, ya que testigos indican que un grupo de pobladores, entre los que había muchos adolescentes, sacó de la cárcel a los encuestadores y hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina –de 25 y 35 años de edad, respectivamente–, y al mismo tiempo otro grupo distinto se dirigió directamente a atacar el palacio municipal y demás oficinas instaladas en el zócalo de Ajalpan.
Por tanto, quienes se abocaron a la destrucción de la presidencia municipal no participaron en el linchamiento. Fueron dos sucesos violentos que ocurrieron al mismo tiempo, a unos metros de distancia y al parecer con motivaciones diferentes.
Y lo que más llama la atención es que la persecución policiaca contra los protagonistas de la violencia de hace una semana se ha dirigido contra quienes estuvieron en el linchamiento, pero no en la destrucción del palacio municipal y de vehículos oficiales.
En la alcaldía quemaron o se robaron todo el mobiliario, el 93 por ciento de las computadoras, la papelería oficial y los archivos, junto con las armas de fuego de la Policía Municipal.
Por eso llamó la atención que al otro día del desastre, cuando el palacio municipal olía a quemado y todavía humeaban algunos objetos, solamente había una oficina que permanecía con las puertas cerradas e intactas. En el interior absolutamente todo estaba intacto –escritorios, sillas, papeles, archiveros, computadoras, ventiladores y cuadros– y nada estaba desordenado. Era obvio que alguien en medio del caos protegió el sitio de trabajo del líder antorchista Luis Enrique Gómez, y quien lo hizo tiene el suficiente poder para frenar acciones vandálicas.
La relación de tensión que existe entre el líder antorchista y el edil Gustavo Lara surgió de la siguiente manera:
El otorgamiento de la candidatura priista a diputada federal por el distrito de Ajalpan a Edith Trujillo, miembro de Antorcha Campesina, causó un gran malestar entre los alcaldes del PRI que no están de acuerdo en la expansión antorchista en la región y porque querían de aspirante a Ignacio Salvador Hernández, quien fue edil ajalpense.
Al final Ignacio Salvador Hernández dejó el PRI y se fue al Partido Nueva Alianza, el cual lo postuló como candidato y recibió el apoyo incondicional de los ediles priistas de Ajalpan, Coxcatlán, Zoquitlán, Zapotitlán y Coyomeapan.
El aspirante del Panal el día de los comicios parecía que iba a ganar la contienda, pero al final fue derrotado por Edith Trujillo por los votos que, llegaron a la oficina electoral hasta el final de la jornada, provenientes de Tepexi de Rodríguez, el cual es un municipio con alta influencia antorchista.
La contienda electoral generó una fuerte polarización entre los grupos del PRI de Ajalpan, es decir entre los priistas antorchistas y los priistas que se fueron al Panal, sin renunciar al tricolor. Esa situación generó tensión, resentimientos y una violencia contenida, que el parecer se desató en los acontecimientos del lunes anterior, y esa es la causa de la quema del Palacio Municipal.