La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró incompetente para atender el juicio que emprendió el diputado Héctor Alonso Granados para regresar a la bancada del Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Puebla.
Alonso fue expulsado del grupo legislativo por decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido de izquierda por hacer uso de expresiones misóginas en el debate parlamentario y en posicionamientos públicos.
Los magistrados María Silva Rojas, Héctor Romero Bolaños y José Luis Ceballos Daza resolvieron que el acto que se pretendió impugnar está regulado por el derecho parlamentario, por lo que su revisión no es parte de la tutela del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Héctor Alonso promovió un juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano que se registró con el expediente SCM–JDC–174/2019 y todavía tiene la posibilidad de recurrir la sentencia ante la Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional del país.
Sala Especializada multa a Miguel Barbosa Huerta
La Sala Especializada del TEPJF impuso una multa de 16 mil 898 pesos a Luis Miguel Barbosa Huerta, excandidato de la coalición Juntos Haremos Historia y hoy gobernador electo, por la aparición de un menor de edad en una publicación de su cuenta de Twitter.
Los magistrados Gabriela Villafuerte Coello, María del Carmen Carreón Castro y Carlos Hernández Toledo determinaron en sesión pública que Barbosa no contó con los permisos necesarios para utilizar la imagen del menor.
En la revisión de otro litigio, la Sala Especializada determinó que Miguel Barbosa no vulneró las reglas sobre colocación de propaganda electoral, por la colocación de microperforados en vehículos destinados a prestar el servicio público de transporte.
No obstante, dio vista a la Secretaría de Infraestructura y Transportes del estado de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente, ante la posible vulneración a normas del ámbito administrativo.