La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sigue sin definir si reabrirá la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en el estado de Puebla, y será este lunes cuando dé respuesta al gobierno del estado sobre cuál será el destino de la misma, luego de más de un mes de plantón de abogados laboralistas y usuarios, por el cierre de la institución.
Así lo indicó Araceli Rebollar, una de las litigantes en resistencia que se oponen a que más de 10 mil expedientes sean trasladados a Tlaxcala o Oaxaca, como se ordenó en el acuerdo de cierre de la Junta Especial 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de junio de este año.
Expuso a La Jornada de Oriente que luego de la caravana y protesta que realizaron el jueves pasado, fueron atendidos por personal de Gobernación estatal, en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local, en donde les informaron que un día antes el director Jurídico del gobierno del estado había tenido una reunión en la Ciudad de México, con su homólogo de la STPS, para abordar el tema de la reapertura y le indicaron que a más tardar este 22 de julio habrá una respuesta.
La abogada expuso que las autoridades federales del Trabajo cuando menos han reconocido que fue un desacierto cerrar la JFCA.
“Ellos están todavía analizando el tema de cómo aperturar la Junta porque, obviamente, reconocen el error que se cometió con el cierre… Vamos a esperar a ver qué respuestas les dan”.
De todas formas, una comisión de abogados laboralistas tiene una reunión programada para el miércoles de esta semana, a las 9 horas, con representantes de Gobernación de Puebla, para dar seguimiento al tema.
Araceli Rebollar subrayó que los litigantes ya han expresado su desacuerdo a las autoridades estatales con la posible apertura de una oficina auxiliar de la Junta Federal, como lo declaró semanas atrás el gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ya que no funcionaría para desahogar los miles de juicios en trámite.
También enfatizó que si, como se mencionó en el acuerdo, el cierre de la Junta Especial ocurrió porque no se cumplieron las metas, no es culpa ni de los usuarios ni de los litigantes.
En ese tenor, resaltó que resulta incongruente que a pesar de que Ricardo Paz Ugalde, como presidente de la JFCA no cumplió con los objetivos de desahogo de expedientes, todavía lo hayan premiado dándole la titularidad de la Junta en Tlaxcala.
“Se atenta y se vulneran los derechos humanos de los poblanos al no terminar los procedimientos. Se dice que no se alcanzaron las metas y esas son a cargo del presidente, si el señor no alcanzó las metas, es problema de él. Tenía que cumplir el presidente y si no lo hizo, es responsabilidad de él, no de nosotros”, concluyó.
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