Los gobiernos neoliberales han priorizado bajar la inflación con granos importados baratos, lo cual ha sido a costa de actuar en detrimento de los productores nacionales, de relegar la autosuficiencia alimentaria, de reducir el crecimiento económico y aumentar nuestra dependencia de la entrada de capitales para financiar las crecientes importaciones. Ello ha llevado a que la política económica se dirija a promover entrada de capitales a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal, a costa de no tener política económica a favor del crecimiento y del empleo.
Las demandas de los productores agrícolas del maíz han sido principalmente: 1) sacar los granos básicos del T-MEC y 2) incrementar el precio de tonelada a 7,200 pesos para poder cubrir sus costos y evitar caer en sobreendeudamiento y cartera vencida. La demanda de sacar los granos básicos del T-MEC es para que las importaciones de éstos no desplacen la producción nacional, y la demanda de un precio de 7,200 pesos la tonelada de maíz es para que el precio se fije en torno a las condiciones productivas nacionales y no en torno al precio que fija la Bolsa Mercantil de Chicago, con el cual los productores de México no tienen capacidad de competir y han terminado siendo desplazados.
Ante ello, el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ignoró la primera y dijo que era una cuestión política, lo que evidencia que su decisión política es seguir favoreciendo las importaciones de los granos básicos y no impulsar la autosuficiencia interna de tales productos, y no aceptó fijar el precio de tonelada en 7,200 pesos, por lo que muchos productores se levantaron de la mesa de negociación. Terminó pactando con los que se quedaron en la negociación, que fueron los productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. A éstos les otorgarán un subsidio de 950 pesos por tonelada, los cuales serán cubiertos por el gobierno federal (800) y los gobiernos estatales (150) para que junto a los 5,200 pesos por tonelada vigentes se llegue a 6,150 pesos por tonelada.
Además, el secretario del ramo ofreció créditos a pequeños y medianos productores a una tasa de interés de 8.5%. Dicho funcionario dijo que ello “beneficiará a productores de hasta 20 hectáreas, que representan entre el 96 y 98% de los agricultores del Bajío. En total, se respaldará la producción de un millón 400 mil toneladas de maíz, con un límite de 200 toneladas por productor”. Al respecto, cabe decir que ello no resuelve el problema que enfrentan los productores agrícolas que han visto caer su producción por no haber una política agrícola a su favor.
Ello ha llevado a que las importaciones agrícolas representen 48% de la producción nacional, dada la apertura comercial y el dólar barato que ha predominado. La producción anual de maíz en el país oscila alrededor de 27-28 millones de toneladas y el programa de la Sader solo apoya a productores que generan 1.4 millones de toneladas. La tasa de interés de los créditos ofrecidos está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y de los productores, por lo que les será imposible cubrir el pago de dichos créditos.
También dicha Secretaría informó que “no se establecerá un precio específico de comercialización para dejarles márgenes para negociar un precio mejor”. Al no establecer un precio específico, se deja su determinación a la oferta y demanda en un contexto de economía abierta, donde las importaciones baratas impiden que los productores nacionales fijen un precio acorde a sus condiciones, quedando como tomadores de precios frente a los de la Bolsa Mercantil de Chicago.
Además, dicho funcionario señaló que se creará un nuevo Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del maíz para buscar mejores precios. Pero para que ello se logre se tendría que sacar los granos básicos del T-MEC, cosa que el gobierno no contempla. La resolución de continuar importando dichos productos es una decisión política del gobierno en contra de los productores nacionales y a favor de los productores de EUA.
La presidenta del país continúa con la política de su antecesor de no apoyar al gran productor nacional de Sinaloa. La política gubernamental se ha centrado en el apoyo a productores de máximo dos hectáreas, que es una política de autoconsumo, que no resuelve los problemas del campo en su conjunto ni la autosuficiencia en granos básicos, por lo que se tiene que recurrir a importaciones, favoreciendo así a los grandes productores de EUA, y continuando una política que sacrifica la soberanía alimentaria y el crecimiento económico.
También la presidenta dijo que el apoyo se otorgará “sin chantajes (…), porque ellos pedían muchísimas cosas y nosotros dijimos: ‘lo que se puede es esto, porque nosotros tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir’”. Las demandas de los agricultores por un precio justo y que se deje de importar granos básicos para proteger la producción nacional y avanzar en la autosuficiencia y soberanía alimentaria, no son “chantajes” y no es pedir “muchísimas cosas”. El decir que “no se pueden cumplir” implica que el gobierno seguirá favoreciendo las importaciones para no cuestionar el T-MEC, lo que implica favorecer a los productores de EUA a costa de la soberanía alimentaria.
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Mientras sigan los granos básicos dentro del T-MEC, las grandes empresas harineras de maíz como Minsa, Maseca y Cargill continuarán recurriendo a las importaciones por resultarles más baratas y más por el dólar barato con que trabaja Banxico para reducir inflación. De esta forma, la producción nacional seguirá siendo desplazada, la economía permanecerá estancada y continuará el descontento y las protestas legítimas de los productores de granos básicos y muchos más.
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