El plantón instalado el pasado lunes por campesinos poblanos y veracruzanos frente a Granjas Carroll en la comunidad de Totalco, en el municipio de Perote, fue levantado la mañana de ayer. Sin embargo, las demandas y la problemática planteada por el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental se mantienen y no han sido resueltas por las autoridades competentes, tanto en el ámbito estatal como federal. La omisión e inactividad de las autoridades estatales y federales frente a las demandas esgrimidas desde tiempo atrás y la decisión de reprimir el plantón frente a Granjas Carroll han tenido un costo muy alto para las familias de Jorge y Alberto Cortina Vázquez, para el pueblo de Totalco y para el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, que hoy exigen justicia.
Por otra parte, el gobierno de Veracruz clausuró este miércoles de manera parcial y temporal la planta porcícola de Granjas Carroll ubicada en los límites de ambos estados, debido a problemas relacionados con el manejo de aguas y las lagunas de lixiviados.
La acción fue ejecutada por la Secretaría de Medio Ambiente local, aunque las sanciones son competencia de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que cuentan con información y los expedientes abiertos sobre temas de descargas y aprovechamiento de agua por la empresa.
Habría que señalar que la planta porcícola está compuesta por un total de 18 granjas dentro de un mismo polígono, y una parte de este complejo se encuentra en territorio veracruzano y la otra en el poblano. Por el momento se desconoce qué postura asumirá la administración estatal de Puebla, que por la vía de los hechos es interpelada.
En el primer comunicado del gobierno de Veracruz, tres días después del violento desalojo, se informaba que el 1 de marzo de 2023 se había dictado una resolución administrativa por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente en contra de Granjas Carroll por diversos incumplimientos en materia ambiental, que implicó que se sancionaran y se dictaran medidas para evitar la contaminación del suelo, aire y agua. Y que ahora sí el Ejecutivo estatal solicitaría de inmediato se realice la verificación del cumplimiento de tales medidas y de no haberse cumplido se tomarían medidas dentro del ámbito de competencia estatal. Pasaron un año y tres meses sin que se verificara el cumplimiento de la legislación ambiental en un contexto de conflicto frente a las demandas campesinas y de los pueblos movilizados, que va más allá de una clausura temporal y parcial de Granjas Carroll.
