El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que la remunicipalización del agua es un tema cerrado y que la eliminación de la concesión de Agua de Puebla no es posible por las condiciones financieras de los ayuntamientos donde opera la empresa. Refirió que el Congreso de Puebla mantuvo un análisis para determinar la posibilidad de remunicipalizar el servicio de agua, pero determinó que no había las condiciones financieras para ello en la entidad.
Varios comentarios e interrogantes se desprenden de esas afirmaciones. El primero es que se desconocen esos análisis que deberían darse a conocer, ya que existe una parte de la ciudadanía que se ha involucrado activamente para tratar de revertir la concesión, en virtud del mal servicio brindado por la concesionaria, las abusivas condiciones en que este se brinda, la falta de inversión para mejorar la calidad del agua entubada y la falta de saneamiento de las aguas residuales que cobra pero que no realiza.
La opacidad ha sido uno de los vicios de la concesión, ya que todavía se desconoce realmente el contrato en toda su extensión, que fue reservado por más de dos décadas. Y cuando se ha transparentado ha sido de manera parcial, dejando inaccesibles los puntos esenciales, incluso las penalizaciones que podrían existir si no se comprueban las causales de recisión que todo contrato incluye.
Puede ser complejo revertir la concesión, pero Agua de Puebla no ha mejorado el suministro y de ahí las continuas quejas que colonos y usuarios han presentado, aunque ha aumentado las tarifas y, en contra del derecho humano al agua, ha realizado cortes del servicio.
Por último y sumado a lo anterior, no realiza las labores de saneamiento a las cuales está obligada, propiciando una mayor contaminación de las fuentes de agua a donde van a parar las aguas residuales no tratadas.