En el proceso de investigar y denunciar las anomalías morenovallistas en el Congreso local brota un tema muy singular, que es: la remodelación de la oficina del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, durante el periodo de año y medio en que Jorga Aguilar Chedraui fue el líder del Poder Legislativo. Es un asunto oscuro en el que salen embarrados 8 representantes populares que en esa época eran el núcleo duro del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Es peculiar este asunto porque dentro de la megalomanía que dominó al morenovallismo, siempre la remodelación de oficinas era un reflejo de los abusos de poder que caracterizaron a este periodo oscuro de la vida de Puebla.
Recién se estrenó el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas llamó la atención que las dos figuras centrales del Poder Ejecutivo mandaron a realizar onerosas remodelaciones de sus oficinas: el gobernador y el entonces secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, destacando que el segundo lo hizo bajo un estilo espiritual para espantar las malas vibras o la gente negativa.
A la par, en el Congreso local se daba la primera conversión de un priista que se pasaba a las filas morenovallistas. Se trató de Edgar Salomón Escorza, quien como parte de su traición al PRI le concedieron, por órdenes directas y estrictas de Moreno Valle, la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Y aun antes de instalarse en ese cargo, Salomón mandó a remodelar la oficina de la presidencia del Congreso local. Esos arreglos se hicieron bajo una característica muy especial, pues el entonces legislador exigió que: fuera idéntica a la de Fernando Manzanilla Prieto, incluyendo los espejos, cuarzos y textiles dispuestos a espantar a las personas mal intencionadas, de acuerdo con sus creencias espirituales.
Este columnista, junto con otros dos colegas periodistas, estuvieron ahí con Edgar Salomón, quien sentado en un sillón de tonos lavanda y con acabados con pompones dorados, ufano presumía: “Mi oficina es igualita a la de Fernando Manzanilla”.
El problema no era el mal gusto para arreglar las oficinas, sino que en el caso de Salomón las obras no se licitaron y al final, la empresa encargada no mostraba la solidez que exigen las leyes que norman las adquisiciones en el sector público. Sin contar que no era un bien necesario para el buen funcionamiento del Poder Legislativo.
Poco menos de tres años más tarde, se repitió la misma historia: entre noviembre y diciembre de 2015, la oficina del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política volvió a ser objeto de una cara y profunda remodelación, que estuviera de acuerdo al gusto personal del nuevo inquilino de ese espacio: Jorge Aguilar Chedraui, sin importar que todavía no era electo formalmente para ese cargo, en el que duró casi año y medio.
De acuerdo a las crónicas de esa época, se renovó todo el mobiliario, la decoración, se quitaron los forros de la pared y se cambió hasta la duela. También se instaló una gigante pantalla de televisión, nuevo equipo de cómputo y se compraron muebles para una nueva sala de juntas.
Es decir, se eliminó todos los arreglos, muebles y decorados de mal gusto que había instalado Edgar Salomón.
La semana pasada, cuando se supo que el Congreso local presentó una denuncia penal por malversación de 8 millones de pesos en la anterior legislatura local, todos interpretaron que el recurso legal es contra una sola persona: Jorge Aguilar Chedraui.
El aludido a salido a defenderse indicando que en la anterior legislatura todo pasaba por un Comité de Adquisiciones, integrado por los entonces diputados: Pablo Montiel Solana del PAN; Sergio Moreno Valle Germán, primo del exgobernador albiazul Rafael Moreno Valle Rosas; Francisco Rodríguez Álvarez del PAN, Susana del Carmen Riestra Piña del extinto Panal y María Sara Camelia Chilaca Martínez del Partido Compromiso por Puebla.
Todos ellos eran parte del núcleo duro del morenovallismo en el Congreso local.
Aguilar Chedraui tiene razón en su dicho, las anomalías en la anetrior legislatura no sólo fueron su responsabilidad.
Resulta que la remodelación de su oficina se hizo por adjudicación directa, sin licitación pública.
Se ignora qué empresa encabezó los trabajo de arreglos y cambio de mobiliario.
Y lo más grave, es que dicho asunto no pasó por el Comité de Adjudicaciones, siendo una obligación de los diputados que formaban parte de ese órgano el vigilar que no se hicieran compras al margen de la ley.