En entrevista, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reiteró su respaldo a la reforma judicial nacional, centrada en devolver al pueblo la soberanía sobre el sistema de justicia.
Desde su etapa como presidente del Senado, Armenta ha sido uno de los principales impulsores de una propuesta que busca transformar la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, tanto a nivel federal como estatal.
Durante su paso por el Senado, el actual mandatario estatal promovió una iniciativa para reformar el Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su propuesta plantea que los integrantes del Poder Judicial sean electos por la ciudadanía, siguiendo ejemplos internacionales como el de Bolivia. Esta medida, según Armenta, responde a la necesidad de asegurar que los jueces sean responsables ante la sociedad y no ante intereses privados.
“El Poder Judicial se ha alejado del pueblo. No podemos permitir que siga siendo un instrumento de los intereses económicos. Esta reforma busca garantizar transparencia y justicia verdadera para los mexicanos”, declaró el gobernador.
Armenta también relató que su propuesta generó fricciones con el Poder Judicial. Afirmó haber recibido mensajes intimidatorios por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
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Pese a ello, aseguró que mantendrá su compromiso con una transformación profunda del sistema judicial. “Las amenazas no nos detendrán. La justicia debe estar al servicio del pueblo”, afirmó.
En el ámbito local, el Congreso de Puebla aprobó en marzo de 2025 una reforma que permitirá a los ciudadanos elegir directamente a jueces y magistrados a partir de 2027.
Según Armenta, este cambio responde a una necesidad urgente de combatir la corrupción judicial que ha afectado a la entidad.
“Las resoluciones judiciales han sido usadas para beneficiar a corporaciones y han causado perjuicios a la población. No podemos permitir que continúe el saqueo legalizado mediante fallos injustos”, señaló el gobernador. Entre los casos que mencionó, destacó una reciente sentencia de la SCJN que obliga al gobierno poblano a pagar más de 640 millones de pesos a una empresa constructora. Armenta expresó su desacuerdo, calificando el fallo como un abuso en favor de intereses económicos ajenos a la ciudadanía.
El mandatario estatal insistió en que esta transformación es necesaria no solo para Puebla, sino para todo el país. “La democracia se construye con participación ciudadana. Este es un momento histórico para que el pueblo mexicano elija a quienes imparten justicia”, dijo.
La propuesta de Armenta se alinea con la visión nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el lema “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. La reforma judicial, en este contexto, no solo pretende modificar estructuras institucionales, sino también restituir la confianza en un sistema que, a juicio del gobernador, ha dejado de responder a los intereses colectivos.
Con esta iniciativa, Armenta busca posicionar a Puebla como referente nacional en la democratización del poder judicial, impulsando un modelo de justicia más cercano, accesible y transparente para toda la población.
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