En los últimos días, han arreciado las críticas de los opositores a la reforma constitucional planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que los aqueja?
La reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue impulsada por el capital nacional e internacional para apropiarse del sector energético, al que veían como la oportunidad de inversión productiva, es decir, fuente de cuantiosas ganancias. Para el capital, sólo se satisfacen las necesidades de la gente si eso le deja utilidades en dinero contante y sonante; por supuesto, si las necesidades, aun siendo vital su satisfacción, no deja ganancia económica el capital privado no las atiende, sino que, generoso la deja al Estado.
La privatización del sector energético durante la era neoliberal, tuvo siempre un objetivo doblemente perverso: por un lado, despojar a la nación de su riqueza natural –el petróleo–y por otro, hacer de la generación y distribución de energía eléctrica, utilizando la infraestructura creada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), convertir ese ingente servicio público, en un servicio lucrativo en beneficio del gran capital y no de los consumidores y, mucho menos, del Estado mexicano. El argumento del gobierno de Peña Nieto para llevar a cabo la privatización del sector energético, era falaz: la competencia y el libre mercado elevan la eficiencia productiva y baja las tarifas, lo que se traduce en ganancias que atraerán a más empresas que elevarán la competencia. Finalmente, ni hubo competencia en el mercado monopolizado por empresas foráneas, tampoco bajaron las tarifas, pero lo que sí ocurrió es que las empresas privadas que llegaron al sector después de la reforma han obtenido grandes ganancias, al grado que Iberdrola, empresa hegemónica en el sector eléctrico español, anunció, recientemente, que ampliará sus inversiones en México; además, la reforma convirtió a la CFE en compradora por obligación de la energía producida por las empresas privadas, al grado de que la paraestatal ha desembolsado este año 223 mil millones de pesos para comprar a las firmas privadas la electricidad que generan y que la reforma peñista obliga a CFE a comprarles.
Ante este panorama desolador, donde el Estado entregaba parte de la riqueza nacional al sector privado para que lucrara con él, a mediados del mes de julio de este año el presidente, en una mañanera, anunció el propósito del gobierno federal de enviar una iniciativa de reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, para iniciar la transición energética con el control del Estado. Es decir, se trataba de revertir la situación construida con la reforma peñista y devolver a la nación el sistema eléctrico nacional entregado a empresas extranjeras, como la ya mencionada Iberdrola que se ha expandido a varios países, incluido México, dónde logró penetrar al sector participando en actos de corrupción que salieron a la luz algún tiempo después.
Si esa fuera la única razón de la iniciativa para rescatar el sector eléctrico, sería suficiente para seguir luchando por impedir que el capital siga saqueando al país y evitar que mantenga su actitud depredadora de nuestros recursos naturales, de lo que obtienen grandes ganancias sin mejorar un ápice las condiciones de vida de la población. Por sólo enfrentar esos propósitos, ya vale la batalla por el rescate del sector eléctrico.
¡Y que no se equivoquen los privatizadores! Si pretenden frenar la iniciativa presidencial de reforma energética, deben saber que el futuro de la energía en México no se decidirá, como antes, en las sombras de los oscuros despachos de las grandes empresas monopólicas o en los gabinetes de la tecnoburocracia, sino en las calles, donde los ciudadanos mostrarán su decisión de llevar a cabo la epopeya del rescate energético.