Con grupos de 30 personas que sean los dueños, compradores o titulares de departamentos o viviendas de un mismo edificio o conjunto habitacional que haya resultado dañado por los sismos y cuyos contratos tengan hasta cinco años de antigüedad, la Profeco puede interponer una demanda o acción colectiva en su nombre contra las empresas inmobiliarias responsables, haciéndose cargo de los gastos que implique.
Ninguna empresa inmobiliaria o constructora, dijo, está eximida de cumplir con la garantía y no pueden deslindarse de pagar daños estructurales en los edificios argumentando que fueron ocasionados por fenómenos naturales, como el terremoto del 19 de septiembre, como llegó a alegar la empresa del edificio que se desplomó en Calzada de Tlalpan y avenida Emiliano Zapata, colonia Portales.
“La ley es muy clara, vamos a ir con todo para que se cumpla… El hecho fortuito no los exime de la garantía, la garantía debe enfrentar el hecho fortuito. Las empresas inmobiliarias están obligadas a cumplir la garantía por daños en la construcción, sean por la causa que sean”, sentenció el procurador.
Sobre las construcciones más antiguas, de más de 10 años, que también hayan resultado dañadas por vicios en la construcción, el funcionario indicó que los dueños pueden recurrir a juicios penales.
En los casos en que haya divergencias entre condóminos y empresas inmobiliarias o dueños de edificios sobre si éstos son seguros y habitables, comentó que los primeros pueden solicitar peritajes por su cuenta que no tardan más de 10 días.
También mediante el área de conciliación de la Profeco se puede atender a personas que alquilen departamentos en edificios dañados, pero quieran mudarse y recuperar el pago de depósitos o rentas adelantadas, pese a que el contrato siga vigente. “Yo creo que hay posibilidades que se resarciera eso, no le veo gran problema, pero sería un trabajo distinto”, indicó.
Recordó que desde 1992 se hizo una reforma que obliga a los desarrolladores inmobiliarios a dar garantías hasta por cinco años en daños estructurales y por un año en daños menores en las viviendas que ponen en venta.
El plazo de cinco años comienza a correr desde que se firma el contrato de compra venta, “el día de la operación”, puntualizó el procurador e incluso sostuvo que dicho plazo “puede ampliarse a 10 años cuando, sin haber garantía ya, hay vicios ocultos en el desarrollo inmobiliario”, para lo cual se puede recurrir a juicios y peritajes que, insistió, no son tan largos aunque en primera instancia la Profeco tratará de resolver el problema entre las partes mediante su área de conciliación.
Para las demandas o acciones colectivas en casos de edificios nuevos, los damnificados pueden acudir a las oficinas centrales que laProcuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene en la colonia Condesa, casi enfrente del metro Juanacatlán, o a cualquiera de sus cinco delegaciones en la Ciudad de México. Desde hoy el gobierno de la capital entregará a la procuraduría el listado de los damnificados, cuyas viviendas presentan daños estructurales, de acuerdo con el censo que levantó en estos días.
Deben suspenderse cobros de servicios en edificios derruídos, si no ocurre así pueden reportarlos ante la Profeco
El procurador también habló sobre los cobros automáticos que los bancos aplican cada mes en tarjetas de crédito por diversos servicios como telefonía fija y de celular, televisión de paga o incluso de colegiaturas de sus clientes, pero entre quienes ahora se incluyen decenas de damnificados que perdieron todo.
Los pagos de esos servicios dijo, se tienen que suspender a partir de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en los inmuebles que se desplomaron. Si no ocurre así y se aplican los pagos a las cuentas o tarjetas de los damnificados, éstos pueden reportarlos de inmediato ante la Profeco, personalmente o por vía electrónica, para tratar de alcanzar una conciliación con los proveedores para que se les repongan los pagos que se les hayan aplicado después de esa fecha.
Hasta ahora la dependencia no ha tenido muchas quejas al respecto porque la gente está ocupada en problemas de mayor envergadura, “pero seguramente las vamos a tener”, consideró el procurador, al tiempo que confió en que, dada la emergencia, “hay muy buena disposición de los proveedores y garantizo que en la mayoría de los casos vamos a tener una respuesta bastante obsequiosa de su parte”.
Cerda Pérez reiteró que la Profeco trabajará tomada de la mano del gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef) con los cuales instalarán mesas comunes de atención para los consumidores. Ésta última institución, por ejemplo, se hace cargo de que se cumpla el pago de seguros.
