La figura de la objeción de conciencia podría convertirse en un obstáculo para que las mujeres ejerzan el derecho al aborto legal y seguro en Puebla, alertó la diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales. En entrevista, la legisladora subrayó la responsabilidad estatal de garantizar este derecho, consagrado desde la reforma de 2024 que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas.
Suriano enfatizó que la autoridad debe asegurar que los servicios de salud cuenten con el personal, las herramientas y los protocolos necesarios para hacer posible la práctica de abortos legales, incluso ante eventuales objeciones del personal médico. La diputada reconoció que el concepto de objeción de conciencia fue incluido recientemente en la iniciativa de reforma a la Ley estatal de Salud, presentada por Nayeli Salvatori Bojalil, diputada de Morena.
La representante de Movimiento Ciudadano afirmó que está realizando un análisis para precisar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó jurisprudencia o invalidó la objeción de conciencia. Ante la pregunta expresa sobre el impacto de esta figura, Suriano señaló que existe el riesgo de que no haya médicos dispuestos a practicar abortos en algunas unidades de salud. Consideró fundamental que el estado desarrolle mecanismos que permitan a las mujeres ejercer el derecho al aborto, respetando la decisión del personal sanitario, pero garantizando el acceso.
La diputada remarcó que uno de los puntos medulares en la propuesta de Morena reside en la objeción de conciencia. Sin embargo, subrayó la obligación estatal de implementar las acciones necesarias para que no se vulneren los derechos de las mujeres. Destacó que trabaja en una iniciativa que buscará enriquecer el debate en mesas de trabajo y foros, partiendo de la propuesta presentada por su colega de Morena.
Suriano subrayó que la despenalización del aborto fue resultado de una orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejecutada por la pasada legislatura, y que el reto actual es asegurar su implementación práctica en todo el sector salud.
El fin de semana pasado, Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval, exlegisladoras impulsoras de la despenalización del aborto en Puebla concretada en 2024, junto con las activistas Cinthya Ramírez de la colectiva Red Define y Nataly Hernández del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis A.C.), destacaron que aunque la reforma propuesta introduce la figura de objeción de conciencia, las instituciones están obligadas a contar con personal médico no objetor, conforme a los parámetros de la Suprema Corte, que regulan y limitan el uso de esta figura.
Las feministas entrevistadas descartaron que la iniciativa represente una concesión a la iglesia católica y aseguran que el aspecto fundamental del proyecto es ofrecer garantías para la prestación del servicio con calidad y respeto a los derechos humanos, en concordancia con otras leyes vigentes en Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur.
La exdiputada del PRI, Rocío García, aclaró que la objeción de conciencia es un derecho del personal médico reconocido por la Suprema Corte, pero debe regularse para no obstaculizar la atención. “Lo relevante de la propuesta es que se adiciona un capítulo sobre interrupción segura del embarazo, que obliga a garantizar el acceso, con parámetros claros y respeto a los derechos humanos”, subrayó.
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