El 17 de abril de 2022, durante la discusión de la iniciativa eléctrica del entonces presidente López Obrador, y a propósito del rechazo de los partidos opositores a esta propuesta, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, mencionó: “[…] el día de hoy quien está cavando su tumba política son ustedes. Están en esta jornada […] entregándonos la Presidencia de la República nuevamente en el 2024, están dejando de lado toda posibilidad de competirnos porque están dándole la espalda al pueblo.”
El vaticinio se haría realidad un par de años después; pero no sólo entregaron la Presidencia, su comprometida defensa a los privilegios particulares los haría perder también las cámaras legislativas, y permitir que MORENA y aliados tuvieran los votos necesarios para modificar la Constitución.
En este escenario es en donde se presenta la discusión de la iniciativa de empresas estratégicas presentada al Congreso en febrero de este año. El cambio constitucional se refleja en tres artículos (25, 27 y 28). De manera muy sintética, puede decirse que la reforma busca que CFE y PEMEX adquieran un rol como empresas públicas, dejando de lado el principio de lucro que les mandató la reforma de Peña Nieto. Asimismo, se establece con claridad cuál es el objetivo de la planeación y control del sistema eléctrico en manos del Estado (preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación); mandata también que las redes eléctricas se conserven bajo control del Estado, y se permite la participación de los privados en la industria eléctrica, pero subordinada al Estado a través de la CFE, quien será la garantía de continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Diversos medios de comunicación han retomado “opiniones especializadas” para criticar la reforma en materia de empresas estratégicas.
Entre las principales críticas, destacan sus propias especulaciones sobre el significado de la prevalencia de la CFE respecto a los particulares. Sin conocer su alcance, pronostican implicaciones negativas sobre las finanzas públicas, la operación del sistema eléctrico y la viabilidad de las inversiones privadas en el sector energético.
De igual manera, estos “expertos” cuestionan la transformación de Empresas Productivas a Empresas Públicas del Estado. Anticipan graves conflictos de interés por las atribuciones que tendrían estas Empresas Públicas en un contexto de mercado.
Finalmente, y como lo hicieron durante toda la administración anterior, decretan que la CFE no será capaz de hacer frente al 54% de la generación, debido a la creciente demanda del sistema eléctrico, y a lo “caro” e “ineficiente” de sus plantas.
Debe decirse que estos análisis, además de falsos (por ejemplo, la reforma en ningún momento señala de manera explicita que CFE deberá generar el 54% de la electricidad) son bastante limitados, y esto se debe a que se piensa en cómo funcionarán el sistema a la luz del modelo actual.
Si se revisa con cuidado la exposición de motivos en la iniciativa, el dictamen y las discusiones legislativas, se podría vislumbrar cuáles son los verdaderos alcances de la reforma, así como sus implicaciones.
Nos encontramos ante un cambio constitucional; una reforma que conlleva, necesariamente, la creación de un nuevo modelo del sistema eléctrico. Un modelo en el cual el Estado mexicano ejercerá de manera efectiva e integral el control y la planeación, para con ello -de acuerdo con lo que dice el propio artículo 28- “proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible”.
Al cuestionar cómo es que CFE “competirá”, estos “expertos” están obviando -por ignorancia o por malicia- que la reforma constitucional la transforma en una empresa pública, ajena del concepto de mercado y de las ganancias concatenadas al mismo. Para eso es la prevalencia que refiere la Constitución, para que una empresa pública, fortalecida, sea capaz de asegurar a todos los mexicanos sin distinción -hogares, oficinas, talleres, fábricas- el servicio público de electricidad.
Estos han sido precisamente los principios enarbolados por la Ejecutiva Federal y los legisladores de su partido: se frenan los privilegios y se busca beneficiar a las grandes mayorías; esta acción, sin embargo, no implica rechazar la participación privada, se admite e impulsa, pero subordinada a las necesidades de desarrollo y crecimiento nacional, y no sólo a la lucrativa especulación de la reforma de 2013. Por esas propuestas y objetivos votó el pueblo de México en junio de 2024. Es momento de materializarlos.