La empresa GMI Consulting ha designado a la licenciada María de las Nieves García-Manzano, directora general de Gestión Social y Evaluación de Impacto Social, para dar respuesta a mis comentarios acerca de la insólita conclusión a la que han llegado, ahora lo sabemos, un grupo de nueve antropólogos, etnólogos y sociólogos, afirmando que no existen comunidades indígenas en el área (que aún no especifican) en la que pretende operar la minera canadiense Almaden Minerals.
Licenciada García-Manzano, aclaremos las cosas y pongamos a cada uno en su lugar: ustedes trabajan para una empresa que fue contratada por la compañía minera para hacer una evaluación del impacto social que tendrían los pobladores del municipio de Iztacamaxtitlán en caso de que la minera comenzara la fase de explotación a cielo abierto. Es decir, la minera es un cliente de GMI Consulting y en el campo de los acuerdos comerciales ustedes cumplen con el precepto: “Al cliente lo que pida”. En mi caso, fui requerido por los campesinos del ejido de Tecoltemi para realizar un peritaje antropológico dentro del Juicio de Amparo correspondiente y que había sido solicitado por el Juzgado encargado. La comunidad indígena de Tecoltemi considera que el Estado Mexicano no contó con su consentimiento para otorgar las concesiones en su territorio, y sin realizar consulta alguna otorgó indebidamente autorizaciones para que la minera pasara de la fase de exploración a la fase de explotación violando su derecho a la tierra y al territorio. Es decir, estamos colocados en posiciones muy opuestas y defendiendo intereses muy distintos.
Estoy convencido de que lo que están haciendo ustedes, como “consultores”, es acordar una conclusión con su cliente: “las comunidades indígenas no existen”, para después, “metodológicamente”, intentar demostrar que no existen, y de este modo persuadir a las autoridades encargadas de la consulta para intentar evadirla. Si usted y su equipo están dispuestos a demostrar que esto no es así, entonces los invito a discutir este tema públicamente en el auditorio de Iztacamaxtitlán. Si aceptan, háganlo saber por este medio para ponernos en contacto y acordar los términos del debate.
Ahora le voy a explicar en qué consistió mi método para realizar mi peritaje dentro del Juicio de Amparo. Como mi propósito no era desaparecer comunidades, en realidad fue muy sencillo, aunque, le confieso, en un principio me pareció un despropósito tener que demostrar lo evidente: que en la Sierra Norte de Puebla hay comunidades indígenas con tradiciones ancestrales, sean prehispánicas, virreinales o desarrolladas dentro de la historia de la nación mexicana.
De modo que hice varios recorridos por la zona que sería gravemente afectada por la explotación a cielo abierto que pretende llevar a cabo la minera, asistí a varias asambleas comunitarias, tuve conversaciones y realicé entrevistas con decenas de personas de ambos sexos y advertí su evidente y justificada preocupación por las consecuencias que acarrearía la extracción de oro y plata, como la amenaza de agotar el agua de sus manantiales (aunque ustedes afirmen lo contrario); contaminar con venenos al agua y la tierra (el arsénico utilizado en el proceso de separación del oro de otros minerales es un veneno, aunque ustedes y sus voceros afirmen lo contrario); la contaminación del aire y el permanente estruendo que las máquinas causarían al pulverizar millones de toneladas de roca (aunque para ustedes sea una especie de música celestial proveniente de un cielo límpido); la llegada masiva de gente extraña que trabajaría en la mina y con la cual se desarrollaría un comercio de alcohol y prostitución hoy desconocido en las comunidades; la elevación de los precios a nivel local dado el incremento del poder adquisitivo de los empleados en la minera; la segura aparición de la delincuencia en poblaciones que hasta ahora han gozado de paz, tranquilidad y confianza mutua entre sus habitantes, por mencionar sólo los aspectos más importantes que manifiesta la población a quien quiera escucharla, una población legítimamente indignada por la imposición de un estilo de vida que cancelaría sus propias opciones para decidir su futuro.
Es claro que a la minera no le conviene, en absoluto, una consulta libre e informada, porque la población rechazaría su proyecto de explotación a cielo abierto. Entonces los contratan a ustedes para que realicen un proyecto que justifique la falta de consulta, ¿cómo lograrlo? Muy fácil, aplicando una metodología invisibilizadora: negando que existen comunidades indígenas en la zona. Comunidades que son sujeto de derechos colectivos de acuerdo con los convenios internacionales, específicamente el Convenio 169 de la OIT, que el Estado mexicano está obligado a acatar puesto que forma parte de la legislación constitucional.
Debo decir que mi método no sólo consiste en reconocer lo evidente, que es la existencia de hombres y mujeres, niños y ancianos con usos y costumbres seculares habitando en comunidades campesindias, como las denominó Armando Bartra, sino también en analizarlos a ustedes y su perverso comportamiento empresarial, que no tiene reparos en pasar por encima de los derechos de la gente. Así que no me venga con el cuento de los “parámetros internacionales” que ustedes han cumplido puntualmente.
Analizarlos a ustedes y a su cliente, la minera canadiense y su filial Gorrión, tiene que ver con la coyuntura política del país, pues debo recordar que estamos por iniciar un proceso electoral donde el candidato del actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto, tiene muy pocas posibilidades de ganar, y con ello la actitud servil que la Secretaría de Economía ha tenido con las mineras puede llegar a su fin.
Hay prisa, sin duda, en amarrar todo lo que se pueda en estos meses y ese es el apuro de ustedes. Este servilismo ha llegado al grado de que la Secretaría de Economía ha declarado que “no es de su competencia” constatar si hay pobladores o no en la zona que, según Almaden Minerals, “esta deshabitada”. De ese tamaño es la desvergüenza de las instituciones oficiales en este país. Y es ahí justamente donde veo la actuación de ustedes, los facilitadores, declarando que no hay comunidades indígenas a la vista. Esto es una indignante falta de ética profesional que no espero usted reconozca porque forma parte de ella.
Mi método consistió también en informarme acerca de las consecuencias que tendría la explotación a cielo abierto y pensar seriamente en la responsabilidad que debo asumir. Por esta razón leí con mucha atención, cosa que le recomiendo hacer, el libro del doctor Paul Hersch El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple, publicado por el INAH. En este estudio se señalan los daños a la salud humana y al medio ambiente que causan los métodos de extracción a los que me he referido. Este libro acompaña a una exposición itinerante, realizado por los colegas del INAH y que próximamente llevaremos al auditorio de Iztacamaxtitlán, donde pueden verla usted y su equipo de investigadores.
En febrero de 2017 se publicó un minucioso informe titulado: Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco. Sus autores, Alejandro González, Tamar Hayrikyan, Patricia Legarreta, Mayeli Sánchez, Julieta Lamberti, Oscar Pineda, Silvia Villaseñor, Alejandro Marreros y Esmeralda García forman parte de las organizaciones IMDEC, PODER, CESDER y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, al Agua y la Vida, ATCOLHUA. Se trata de una investigación cuidadosa y muy bien sustentada que pinta de cuerpo entero a la minera Almaden Minerals como perniciosa en sus procedimientos administrativos y en sus afectaciones ambientales, que ha impactado negativamente en los derechos humanos en México y otros países. Tengo la certeza de que la minera canadiense recurrió a la empresa GMI Consulting para contrarrestar la demoledora crítica que llevaron a cabo estos colegas.
No me hubiera imaginado que debió usted cursar un primer semestre de antropología para saber algo que es del sentido común: que los pueblos cambian a través del tiempo, pero le aclaro que también conservan, modificados, rasgos culturales que les proporcionan identidad individual y colectiva. Por lo que toca a la Congregación Mariana yo sólo mencioné hechos que son del dominio público y que la congragación misma reconoce. Respecto al doctor Gudiño, debo decir que no tengo el menor interés en desacreditarlo, él solito se desacredita en sus declaraciones a la prensa, que usted y su equipo avalan “metodológicamente”.