Madrid. La Justicia española decidió hoy embargar varias propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias del ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas al no haber abonado dentro del plazo indicado una fianza civil de 43.2 millones de euros (57.4 millones de dólares).
Entre las propiedades embargadas por orden del juez instructor Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, se encuentra el domicilio familiar de Bárcenas en Madrid, así como otros dos inmuebles, dos plazas de garaje y cuentas en Bankia y Caixabank. La fianza civil busca cubrir los daños causados a las arcas públicas por supuesta evasión de impuestos y otros delitos fiscales en el caso de que sea encontrado culpable.
Bárcenas, en prisión incondicional desde hace un mes y a cargo de las finanzas del PP de Mariano Rajoy hasta 2009, es investigado en relación a la existencia de una supuesta contabilidad paralela en el partido, además de por ser uno de los principales implicados en el llamado “caso Gürtel”, trama de corrupción en la que un entramado empresarial se beneficiaba de contratos amañados por políticos de la agrupación.
En el marco de las investigaciones, se descubrió que Bárcenas llegó a acumular más de 48 millones de euros (63 millones de dólares) en cuentas en Suiza sin declarar al fisco español.
En otro auto del juez Ruz dado a conocer hoy se citó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, así como a sus antecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos a declarar como testigos en la causa por la supuesta contabilidad paralela de la agrupación.
La “número dos” del PP deberá declarar el 14 de agosto y anunció que acudirá a hacerlo personalmente a la Audiencia Nacional, renunciado así a su privilegio como aforada, que le premitiría declarar ante el juez en su despacho como presidenta de la región de Castilla-La Mancha. Cospedal dijo además que estará “encantada” de colaborar con la Justicia y contestar a “todas las calumnias y mentiras” en relación a la contabilidad del PP.
Ruz consideró que las declaraciones de los tres políticos son “pertinentes, útiles y necesarias” ante la “responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General de la formación durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B”.
