Un ejemplo de lo podrida que está la justicia laboral en Puebla es el siguiente caso: luego de 13 años de litigio, se logró que se embargara a la empresa Armenta Automotriz –una de las cadenas de agencias de autos más importante de Puebla—un lote de 10 vehículos para pagar una cantidad equivalente a 2 millones 681 mil pesos, correspondiente a un laudo favorable a la familia de un trabajador que fue despedido injustificadamente, pero de manera envilecida la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se ha negado a entregar los bienes decomisados a quienes ganaron el fallo, con el propósito de beneficiar a la parte patronal.
Por si fuera poco, desde la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (Prodet) se ha buscado que la familia se desista del juicio, a cambio de que ya les paguen 100 mil pesos en lo inmediato, como parte de una cínica actitud de esta dependencia de siempre defender los intereses de la empresa Armenta Automotriz, en lugar de estar de la parte agraviada, tal como es su deber.
Aunque también se tiene la sospecha de que, en el fondo, habría funcionarios de la JLCA y de la Prodet que intentaron adueñarse de los 2.6 millones de pesos que están en juego, porque han querido que los demandantes del juicio acepten y firmen –con engaños— de que ya le cumplieron con el pago de la sentencia.
Con este asunto, ya se repiten dos casos sonados –en semanas recientes– en que la JLCA ejecuta embargos a favor de trabajadores que ganan litigios y luego se niega a entregar los bienes incautados a quienes lograron los fallos favorables de la justicia laboral.
En este espacio se documentó como la Junta Especial 3 de la JLCA, encabezada por Ana Lilia Sánchez Martínez, le embargó tres cuentas bancarias al político priista Juan Carlos Lastiri Quirós, por un monto de un millón 600 mil pesos, cantidad que no le han querido entregar a Carlos Castillo, quien demandó por despido injustificado al ex subsecretario de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora, ocurre algo similar en la Junta Especial 6 de la JLCA, en donde el titular de esa área Erick Loeza Villaseñor, ya lo único que debía hacer era entregar los bienes decomisados a Armenta Automotriz a los promovieron el juicio en su contra y no lo ha querido hacer, en un comportamiento que huele mucho a corrupción.
Esto demuestra que la 4T es una farsa en Puebla, por lo menos en lo relativo a la justicia laboral, en donde privan los mismos vicios que hubo en los gobiernos del PRI y del PAN.
Seis gobernadores han pasado
La historia comienza el 3 de marzo de 2010, cuando todavía gobernaba el priista Mario Marín Torres. En esa fecha el trabajador Alejandro Flores Huerta inició un juicio laboral contra la empresa Armenta Automotriz, quedando radicado el expediente 131/2010, en la Junta Especial 6 de la JLCA.
Tuvo que pasar 4 años para que Flores Huerta lograra un laudo favorable –el 29 de abril de 2014—en el que se obliga a Armenta Automotriz a pagarle la indemnización constitucional, que implica: prima de antigüedad, salarios devengados, vacaciones, prima vacacional, horas extras y días de descanso obligatorios. El monto de la cuenta de lo que se debía liquidare iniciaba su cálculo con fecha 7 de enero de 2010 y terminaba en la fecha en que se cumpliera la sentencia.
Como siempre ocurre, pasan los meses y no se mueve nada en los tribunales laborales. De tal manera que un año y 8 meses después del fallo, el trabajador Alejandro Flores Huerta pierde la vida por una enfermedad.
Algo clásico de la justicia laboral: ciento o tal vez miles de trabajadores en Puebla nunca ven terminados sus juicios laborales porque pasan los años sin que nada se resuelva y primero los alcanza la muerte.
En octubre de 2016, se declaró beneficiaria del laudo –que ya había ganado Alejandro Flores Huerta—a la señora Rosa María Montes Palestino, quien es la viuda del finado.
La nueva actora en este litigio pidió la intervención de la Prodet, para asesorarse, ya que la empresa vendedora de autos que debía pagar la indemnización argumentaba que no tenía fondos para hacerlo. Con el paso de los meses, los agraviados se dieron cuenta que la Procuraduría de la Defensa del Trabajador nunca actuó a su favor.
Fernando Montes Gómez, representante de los afectados, narró a este columnista que la Prodet siempre se puso del lado de Armenta Automotriz porque nunca solicitó la ejecución del laudo que ganó Alejandro Flores Huerta.
Pese a la galopante lista de irregularidades, la señora Rosa María Montes en julio de 2022 logró que se actualizara el monto de la liquidación, que se fijó en 2 millones 681 mil 649 pesos con 36 centavos. Cantidad que la Prodet nunca solicitó formalmente a Armenta Automotriz.
Sin embargo, con muchas dificultades se consiguió que el 7 de noviembre de 2022 se le embargaran 10 autos a Armenta Automotriz, como parte del monto correspondiente al lado favorable al trabajador Flores Huerta. Lo único que debía ocurrir después ese hecho, es que a la viuda le entregaran los automotores y se cerrara el expediente.
El representante Fernando Montes relata que funcionarios de la Prodet quisieron engañar a la viuda con la versión de que habían logrado un pago de 100 mil pesos, que le podían dar en lo inmediato, pero le pedían que firmara un documento en donde se indicaba que se habían pagado todas las prestaciones laborales reclamadas. La afectada se negó a ese trato y sigue reclamando la entrega de los vehículos decomisados.
Mientras que el titular de la Junta Especial 6 de la JLCA simplemente, sin argumentar nada, no da cumplimiento a la sentencia y teniendo los vehículos decomisados bajo su control, no los entrega a quienes ganaron el juicio.
Hace unos días, se supo que esa instancia quiere declarar prescrita la acción de ejecución del laudo, para que le regresen a Armenta Automotriz los automotores en cuestión.
De nada ha servido que han pasado 6 gobernadores –del PRI, el PAN y Morena– desde que inició el juicio promovido por Alejandro Flores Huerta, pues con todos los que han estado al frente del Poder Ejecutivo se han repetido los mismos vicios de la justicia laboral.
En su momento les expusieron a los entonces gobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Luis Miguel Barbosa Huerta, la primera del PAN y el segundo de Morena, los abusos cometidos en el juicio de Alejandro Flores Huerta. Dieron órdenes de que se hiciera justicia. Nunca pasó nada.
¿Ahora con el actual gobierno de la 4T va a pasar lo mismo?