Minera Gorrión, empresa subsidiaria de la trasnacional de origen canadiense Almaden Minerals, ha informado mediante un comunicado de prensa que ha concluido la Evaluación de Impacto Social (EVIS), correspondiente al otorgamiento de sus títulos de concesión, y la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) correspondiente al desarrollo del proyecto Ixtaca, mismas que han sido realizadas “por el Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales, S.C. (“CIIJA”), como tercero independiente y técnicamente competente”; las cuales se encuentran disponibles en la página web de Minera Gorrión y mediante las cuales busca impugnar la resolución del juez segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla que dio por cumplida la sentencia emitida en febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para revisar la factibilidad del proyecto Ixtaca, con lo cual, en los hechos, el Poder Judicial de la Federación eliminó la necesidad de hacer una consulta al pueblo nahua de Ixtacamaxtitlán, a fin de determinar si aprobaba o no la actividad minera en su territorio.
Tras ocho años de litigio la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi –integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua– consideró la sentencia como un triunfo sobre Almaden Minerals y ha demandado la salida de la minera de su territorio.
Desde el pasado abril la empresa informó que impugnaría la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla por la cual ya no habría que hacer una consulta al pueblo de Ixtacamaxtitlán sobre el proyecto Ixtaca, una mina a cielo abierto para explotar yacimientos de oro y plata, advirtiendo además que “en tanto continúen los procedimientos judiciales relativos a este caso, las solicitudes de los títulos de concesión de la empresa en 2002 y 2008 permanecen vigentes, preservando así la compañía sus derechos adquiridos”.
En este sentido, la conclusión de las evaluaciones que hoy se difunden y que fueron entregadas a la Secretaría de Economía son parte de esa impugnación y la valoración en general de que los impactos negativos no atentan contra la vida comunitaria de los pueblos, ya que pueden ser mitigados desde el inicio del proyecto. Por ello, Minera Gorrión insiste en la celebración de la consulta previa, libre e informada por parte de la Secretaría de Economía, tal y como le ordenó la SCJN en su sentencia y ahora sí dando cumplimiento a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.
Sin embargo, frente a esos argumentos hay demasiados estudios que ilustran los daños que dichos proyectos imprimen a los ecosistemas prevalecientes y a las comunidades, y en el caso concreto de Ixtacamaxtitlán se ha documentado por diversas organizaciones, académicos e investigadores, así como pobladores de la zona, las afectaciones que una explotación de este tipo traería a la vida y existencia misma de las comunidades de la región serrana y a aquellas que están en la subcuenca del río Apulco y en la cuenca del río Tecolutla, invalidando los argumentos esgrimidos por la minera.