La inseguridad es el talón de Aquiles del gobierno que encabeza Alejandro Armenta Mier, afirmó Celia Bonaga Ruiz, integrante de la fracción parlamentaria del PAN, durante el primer informe del titular del Poder Ejecutivo ante el pleno del Congreso local.
En tribuna, Bonaga recordó que 2025 inició con cuerpos abandonados en calles de la ciudad de Puebla, hecho que, dijo, exhibe la distancia entre los datos presentados en los informes y la experiencia cotidiana de las personas. Aseguró que “ningún informe puede maquilar” la violencia que se observa en el territorio poblano, por lo que llamó al gobierno estatal a reconocer la gravedad del problema y a replantear su estrategia de seguridad.
La diputada reconoció que Armenta Mier ocupa la gubernatura gracias al voto ciudadano a favor de Morena, pero subrayó que el PAN obtuvo más de un millón de sufragios en las elecciones de 2024, lo que, en su opinión, obliga al mandatario a escuchar a la oposición. Puntualizó que su bancada no considera al gobierno estatal como un enemigo, pero mantendrá una crítica firme y constructiva desde el Congreso para vigilar el cumplimiento de las promesas de campaña.
En materia de salud, Bonaga cuestionó que cientos de pacientes se hayan quedado sin tratamiento de hemodiálisis, situación que atribuyó a omisiones y fallas en la administración de los servicios públicos. Además, denunció presuntos actos de corrupción en el Instituto Registral y Catastral del Estado, al señalar que continúan prácticas irregulares que afectan a las y los usuarios de esa dependencia.
La legisladora acusó también que el gobierno de Armenta ha sido señalado por emprender ataques contra la prensa, lo que, advirtió, vulnera la libertad de expresión y el derecho a la crítica. Afirmó que la administración estatal envía un mensaje intimidatorio hacia medios y periodistas, en lugar de garantizar condiciones para el ejercicio del periodismo crítico.
Bonaga agregó que en el estado se observan campañas adelantadas y promoción en espectaculares, lo que generó la pregunta de si se trata de una “sucesión con cargo al erario”. En su posicionamiento, insistió en que Puebla necesita un gobierno que escuche a la oposición y a la ciudadanía, y no uno que persiga las críticas o intente acallarlas mediante presiones políticas o mediáticas.
La representante panista recordó reportes oficiales según los cuales, hasta octubre de este año, se registraba un subejercicio en el gasto destinado a infraestructura, pese a las necesidades de obra pública en distintas regiones del estado. A ello sumó la incertidumbre por el actuar de la Fiscalía General del Estado, que, a su juicio, no ofrece respuestas claras ni resultados contundentes frente al aumento de delitos y a la demanda social de justicia.
“Queremos que le vaya bien a Puebla. Merecemos un gobierno que escuche, no que persiga críticas. Le extendemos la mano para construir, pero no para callar. Que prevalezca la democracia, altura de miras”, expresó Bonaga, al reiterar que el PAN ejercerá un papel de contrapeso político. Recalcó que su grupo parlamentario acompañará las propuestas que beneficien a la población, pero no guardará silencio frente a la inseguridad, la opacidad y el uso discrecional de los recursos públicos.
Desde la bancada del Partido Verde Ecologista de México, María de la Barreda Angón respondió a los señalamientos de la panista y defendió al gobierno estatal. La legisladora sostuvo que los gobiernos “prianistas”
Recuerda que Acción Nacional obtuvo más de un millón de votos en las elecciones de 2024
toleraron y solaparon al crimen organizado en Puebla, por lo que consideró incongruente que ahora se pretenda responsabilizar exclusivamente a la actual administración por la crisis de inseguridad.
De la Barreda recordó que, durante los gobiernos morenovallistas, Puebla contrajo contratos que parecían impagables, con condiciones ventajosas para los particulares. Como ejemplo, mencionó el esquema financiero del Museo Internacional Barroco, cuya deuda, afirmó, fue atendida por la administración actual. A su decir, estos compromisos heredados limitan el margen de maniobra financiera del estado y explican parte de las dificultades que enfrenta el gobierno de Armenta.
