Hace un par de días leía la suscripción de un convenio de colaboración entre la BUAP y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, con el propósito de garantizar la inclusión y la atención equitativa de este sector de la población, en mucho vulnerable. Lástima que se dé hasta ahora, al final del sexenio, aunque esperamos que haya continuidad en el siguiente, presidido por Alejandro Armenta Mier.
Se afirma que, de los 217 municipios del estado, en 130 hay presencia de grupos originarios. Por las condiciones propias de la entidad, creo que la cifra se queda corta. sobre todo, que conforme el último Censo de Población y Vivienda levantado por el INEGI en 2020, de la población total de Puebla, que son aproximadamente 6.5 millones de personas, 615 mil son indígenas, con cinco grupos originarios y otras tantas lenguas: náhuatl, totonaco, mazateco, popoloca y mixteco. Es decir, un dato fundamental para cualquier gobierno y su necesidad de construir políticas públicas sobre el particular.
Aunque una buena parte de la población indígena se concentra en el municipio de la capital poblana, otro sector significativo vive en comunidades menores de 2 mil quinientos habitantes, exacerbándose los problemas de marginación, pobreza y desocupación. De ahí una de las intencionalidades del referido convenio, del cual, el titular del IPPI, Rafael Bringas Marrero ha mencionado que, “en Puebla estamos abriendo brecha para garantizar la atención pluricultural y, con ello, llegar a un estado de civilización plena”.
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Recordemos que, a principios del año pasado, la Corte dio marcha atrás a la legislación correspondiente, en tanto la población indígena no había sido consultada, por lo que se procedió a cumplir con ese planteamiento, hasta que en diciembre del 2023 tuvo, por fin, que contarse con una legislación donde se exprese la opinión de los involucrados.
El segundo párrafo de esta normatividad, señala que, la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, “tiene por objeto respetar, promover, reconocer, proteger y garantizar a las Comunidades integrantes de los Pueblos Indígenas y a sus habitantes, el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno propio; el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional, recursos, el ejercicio de sus derechos y sus sistemas normativos internos.”
Hay legislación actualizada con el aval de los pueblos originarios poblanos, políticas públicas precisas y programas gubernamentales implementados, aunque sin duda ha faltado tiempo para ir a fondo para resarcir todos los rezagos que padecen los grupos originarios y los continuos ataques hacia el mantenimiento y respeto a su cultura, lengua y tradiciones. No podemos estar entonces enteramente conformes, aún iniciativas como la suscritas por la BUAP y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
Sería interesante conocer las propuestas del gobernador electo y la de quien será la titular del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, Apolinaria Martínez Arroyo, sobre esta cuestión y cuáles son las diferencias en positivo con respecto a sus antecesores.
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