Como parte de la conmemoración, el próximo 7 de marzo, del Día de las Personas Juzgadoras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la información que ubica a Puebla como el segundo estado del país con menos jueces para impartir justicia, al registrar un promedio de 2.3 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del rango nacional, que es de 3.9 jueces. El instituto también revela que en la última década los poblanos les otorgaron calificaciones reprobatorias por su actuar.
Lo anterior explica en parte la dilación por años en la atención a las denuncias presentadas por la ciudadanía y que se judicialicen casos mediante una carpeta de investigación, que para resolverse llevará mucho más tiempo. Explica también los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), la cual arrojó en 2024 que 93 por ciento de los delitos no se denuncia o no se inicia una carpeta de investigación y parte de las razones que tienen las personas para no acudir ante el Ministerio Público, tanto en esta entidad federativa como en el resto del país, es que consideran que es una pérdida de tiempo y desconfían de las autoridades.
Hay que referir también que en el periodo el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas se desmanteló 95 por ciento de las agencias del Ministerio Público que operaban en el estado, lo que dificultó aún más la presentación de denuncias por parte de la población. En ese periodo el gobierno redujo de 216 a 34 las agencias del Ministerio Público y desapareció las 453 agencias subalternas de esa misma institución, responsable de recibir e investigar denuncias.
En el mes de febrero el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que regresarán las agencias subalternas del Ministerio Público y otras facultadas a las 659 juntas auxiliares del estado, medida que permitirá que las y los ciudadanos puedan presentar las denuncias respectivas si son víctimas de algún delito. El intento, en 2015, de desaparecer a las juntas auxiliares por parte del gobierno morenovallista derivó en la gestación de un movimiento social que derivó en varios enfrentamientos entre autoridades subalternas y las fuerzas de seguridad, con el episodio más crítico en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, teniendo como saldo el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de apenas 13 años.
Según el mandatario, se buscará devolver facultades a las comunidades y anunció que presentará una iniciativa legislativa para fortalecer a la autoridad auxiliar en los municipios.
Aunque en materia de justicia deberá ir acompañado del fortalecimiento de las estructuras de las fiscalías y del Poder Judicial, en el marco de la actual reforma al Sistema Judicial.
