La hipocresía neoliberal

Durante el régimen neoliberal, para justificar la descarada entrega de los bienes de la nación al gran capital, los gobiernos hicieron alusión a medidas tecnocráticas para evitar utilizar el término real de su acción: privatización. Así, cada vez que una paraestatal causaba baja por medio de ese mecanismo, el gobierno en turno decía que la entidad pública que pasaba a manos particulares no se privatiza, sino que en realidad “se moderniza, se desincorpora, se democratiza, se liberaliza, se complementa”, y muchos terminajos más.

En estos menesteres creativos, fueron los seis gerentes neoliberales de Los Pinos en disfrazar la entrega de los bienes de la nación a la oligarquía autóctona y a una que otra trasnacional, siempre con el afán de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Los costosísimos rescates de las empresas públicas entregadas como la banca, carreteras, aerolíneas, ingenios azucareros etcétera, al gran capital, corrieron a cargo del erario.

En ese tenor, el 12 de diciembre de 2013 (muy guadalupanos los hipócritas santurrones), el Congreso aprobó la reforma energética de Peña Nieto, para asegurar, dijeron, que su intención no era privatizar Petróleos Mexicanos, ni la Comisión Federal de Electricidad, sino de superar mitos y tabúes para dar “un gran paso hacia el futuro a través de sus instituciones democráticas”. De pilón, ya aprobado el mamotreto peñanietísta, Manlio Fabio Beltrones, entonces diputado plurinominal y coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, remató con el comentario de que los opositores a esa reforma son “hipócritas nacionalistas”. Al revés volteado, pues.

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La pandilla de Peña Nieto, condenó a ese par de joyas de la nación a la depauperación financiera, para endeudarlas y saquearlas, y a la indefensión técnica y jurídica, a la par que descaradamente privatizó los mercados petrolero y eléctrico para favorecer a la oligarquía nacional y foránea (española, principalmente), siempre con la clara intención de borrar del mapa a las paraestatales a las que reclasificó como empresas productivas del Estado que debían competir en igualdad de condiciones con las agrupaciones de particulares. Una desgracia.

Nueve años después de tal barbaridad, los llamados “hipócritas nacionalistas”, dieron un giro de 180 grados para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y retomar el carácter de empresas públicas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y dejar atrás la eufemística modernidad de ser catalogadas como empresas productivas del Estado , para lo cual en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen en la que los morenos y sus aliados aprobaron en comisiones cambios a los artículos señalados para devolver a Pemex y la CFE el carácter de empresas públicas del Estado mexicano. Este es un pequeño paso que recobra la rectoría del Estado de manera plena, en materia energética. El dictamen fue aprobado por 21 votos a favor y 16 en contra, y la comisión de Puntos Constitucionales, precisó que la expectativa es que se vote en el pleno de la Cámara en octubre de este año.

Uno de los ejes centrales, define la prevalencia de la CFE en el mercado eléctrico sobre los generadores privados; las actividades de la empresa pública no constituirán monopolio; su esencia es cumplir con su responsabilidad social, y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad, así como proveer energía al menor precio posible. Y en esto no hay eufemismo alguno: regresa a la nación lo que a ella pertenece.

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