El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinosa Rueda, señaló ayer en conferencia de prensa que los asaltantes de transportistas se están llevando materias primas como el polietileno, las cuales venden a empresas que están coludidas con ellos para transformarlos en productos para los mercados informales, aunque aseguró que dichas fábricas no son parte de ese organismo empresarial.
Lo señalado evidencia la presencia de redes delincuenciales que permiten comercializar las mercancías robadas y colocarlas en los circuitos de producción y/o abasto, dependiendo de los productos sustraídos mediante el robo a transportistas y que por cierto sigue incrementándose. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los delitos de robo a transportistas para el periodo enero–septiembre de 2023 aumentaron en 9.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2022. Otros datos oficiales revelan que de enero a noviembre de 2023 tres entidades concentraron 82 por ciento de los robos a transportistas: el estado de México, con 46 por ciento; Puebla, 28 por ciento, y Michoacán, 8 por ciento.
El 10 de enero de 2024 La Jornada presentó un reportaje donde documenta que alrededor de “una quinta parte de las mercancías robadas en carreteras son alimentos y abarrotes, que terminan por ser comercializados en tianguis”, aunque “el asalto a camiones de autotransporte de carga no se ciñe a productos de consumo generalizado”. Señalando además que “el hurto eleva los precios de las mercancías, a tal punto que se convirtió en un factor inflacionario”.
En estas y otras actividades ilícitas, como el huachicol o el huachigás, se muestra que existen redes que permiten comercializar o transformar energéticos y mercancías robadas, para lo cual existe colusión entre los diversos actores económicos involucrados, junto a los que deben vigilar y evitar que estas actividades sucedan.
En varias ocasiones se ha señalado a la Guardia Nacional como coludida u omisa frente a estos actos, y si bien no se brindan pruebas lo real es que dicha corporación no interviene en lugares donde es recurrente que los transportistas sean víctimas de la delincuencia y que han sido reportados en más de una ocasión.