Frente a la irracional explotación que desde el porfiriato hasta los años 30 del siglo XX, llevaban a cabo las empresas extranjeras del petróleo propiedad de la nación; pero, sobre todo, por la definición del proyecto nacional–revolucionario, que ampliaba la participación del Estado en el desarrollo del país, el gobierno de Lázaro Cárdenas acudió al recurso de la expropiación del hidrocarburo en poder de empresas privadas extranjeras.
El proceso que culminó con la expropiación, se inició en mayo de 1937, cuando los trabajadores petroleros estallan la huelga contra las empresas en demanda de aumento salarial y mejoría de las prestaciones. La huelga se levantó por intervención directa del presidente Lázaro Cárdenas, quien obtuvo de las empresas el compromiso de cumplir las demandas de los trabajadores; sin embargo, las diferencias para cumplir el acuerdo eran enormes, pues mientras las demandas de los trabajadores importaban 90 millones de pesos, las empresas sólo ofrecían 14 millones, lo que hacía imposible solucionar el conflicto.
En ese momento, las partes recurrieron al arbitraje gubernamental. El presidente Cárdenas, explica: “A petición de las partes, el Gobierno designó una comisión que hiciera los estudios de las peticiones obreras para conocer si las empresas están o no en condiciones de atender las demandas del Sindicato. El resultado del estudio fue favorable a los trabajadores, señalando que las empresas pueden cubrir el aumento de veintiséis millones trescientos mil pesos” (Cárdenas, L. Obras, 1972: t. I, p. 386).
Las empresas, por supuesto, no aceptaron el resultado y acudieron al amparo, que les fue negado por la Suprema Corte de Justicia, que las sentenció a cubrir el importe señalado en el estudio. Sin alternativa legal, las empresas se declararon en rebeldía, no estaban dispuestas a acatar la ley. En respuesta, y en vista de la actitud rebelde de las compañías extranjeras, el Sindicato Petrolero dio por terminado el contrato de trabajo.
Te podría interesar: El neoliberalismo no volverá
Por su parte, el Presidente Cárdenas, reconoció la importancia del petróleo y, además, veía con mayor amplitud el problema y lo sabía vinculado a otras cuestiones políticas de vital importancia para el desarrollo del país. De esta manera, el 9 de marzo de 1938 Cárdenas tomó la decisión de expropiar los bienes de las compañías petroleras, comunicándole la decisión sólo al general Francisco Múgica, entonces secretario de Comunicaciones y que había sido diputado al Constituyente de 1917 formando parte de su ala radical. De inmediato, Múgica ofreció su apoyo total e incondicional a la medida que había decidido tomar el presidente,
Poco antes de la expropiación, y con el fin de presionar una solución favorable a sus intereses, las compañías petroleras empezaron a disminuir la venta de combustibles en todo el país y, redujeron sus operaciones comerciales a su mínima expresión. Ante esa actitud de rebeldía, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas anunció, inicialmente a su Gabinete, que aplicaría la ley de expropiación a los bienes de las compañías petroleras, decisión que de inmediato recibió el apoyo de todos sus colaboradores.
Ese mismo día, escribe el Presidente:
A las 22 horas di a conocer por radio a toda la Nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener el país dentro de una situación humillante […] Con un acto así, México contribuye con los demás países de Hispanoamérica para que se sacudan un tanto la dictadura económica del capitalismo imperialista (Cárdenas, Ibíd., I, 390).
En la madrugada del día 19 de marzo, el presidente firmó el decreto expropiatorio, cuya elaboración había encargado a Eduardo Suárez (secretario de Hacienda), Raúl Castellano, Antonio Villalobos, Enrique Calderón, Gustavo Corona, Efraín Buenrostro (secretario de Economía) y Manuel Santillán (director de la Administración General del Petróleo).
El apoyo popular a la expropiación de los bienes de las empresas petroleras extranjeras, fue masivo y entusiasta. Miles de personas llegaron hasta el Palacio Nacional para contribuir con dinero, o bienes, a pagar la indemnización correspondiente.
Por su parte, los trabajadores petroleros de inmediato se organizaron para echar a andar la industria, cosa que hicieron de inmediato hasta convertir a PEMEX en una de las empresas más importantes del nacionalismo–revolucionario.
Ni Estados Unidos ni Inglaterra actuaron abiertamente para revertir la expropiación, sin embargo, apoyaron el levantamiento armado del general Saturnino Cedillo, cacique de San Luis Potosí. La rebelión fue sofocada rápidamente, aunque fue el inicio de las acciones de los grupos conservadores contra de la Revolución Mexicana.
La expropiación fue un acto basado en el ejercicio pleno de la soberanía del Estado Mexicano, con ella, el petróleo se convirtió, junto con los ferrocarriles y la electricidad, en el soporte del nacionalismo–revolucionario que durante un tiempo contó con el apoyo popular.
A partir de 1982, los gobiernos neoliberales, particularmente el encabezado por Vicente Fox, emprendieron una ofensiva para privatizar el sector energético y permitir la inversión de capital privado en la actividad petrolera; incluso, contraviniendo la Constitución aún vigente se promovieron los llamados “Contratos de Servicios Múltiples”, que permiten al capital privado participar en campos reservados exclusivamente al Estado mexicano.
Hoy, el petróleo ha vuelto a ser el soporte de un nuevo proyecto: el Estado de Bienestar.
También puedes leer: Plurinominales, los que nadie votó por ellos
