Mientras el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) aprobaba en asamblea extraordinaria la actualización del ordenamiento territorial integral de Cuetzalan, rechazaba un Plan de Desarrollo Urbano promovido por el ayuntamiento que contradice la gestión compartida de los usos de suelo y promueve grandes negocios turísticos e inmobiliarios.
Alrededor de 50 mil personas viven en el municipio de Cuetzalan, una región de la Sierra Nororiental de Puebla que alberga, en su seno, un vibrante patrimonio biocultural, un tejido social diverso (desde comités de agua a cooperativas de productores, como la Tosepan Titataniske) y hasta un Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan del Progreso (COTIC), cuya misión es supervisar que los trabajos agrícolas, las obras públicas o las construcciones privadas, tanto en la zona monumental como en las juntas auxiliares, cumplan con los criterios ecológicos acordados por pobladores y autoridades, en función del desarrollo compartido y el cuidado del medio ambiente.
Y fue en este pueblo mágico, destino obligado de miles de turistas en busca de cuevas y cascadas, danzantes y voladores, bosque mesófilo de montaña y cultura masewal, que el 19 de mayo de 2024 se reunieron, en asamblea extraordinaria, los integrantes del COTIC para decidir si aprobaban la actualización del programa de ordenamiento, publicado en 2010, y si, a la vez, emprendían acciones legales contra el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, promovido por el ayuntamiento de Cuetzalan, sin coordinación ni acuerdo con el COTIC, sino todo lo contrario. De aprobarse y aplicarse en los próximos meses, daría luz verde a corredores inmobiliarios, grandes hoteles, casinos, centros comerciales de más de 5000 m² y hasta campos de golf.
Como sabe cualquiera de los integrantes del COTIC, el programa de ordenamiento nació para impedir la construcción un megadesarrollo turístico en la zona de manantiales que surte de agua potable “a por lo menos 18 mil habitantes de las juntas auxiliares de Tzinacapan, Yohualichan, Xiloxochico y Yancuictlalpan y de localidades del poniente de la cabecera municipal”. De aquella resistencia, este ordenamiento. Sus dictámenes técnicos, enviados al ayuntamiento de Cuetzalan, responsable único de los permisos de uso de suelo, sirvieron para frenar la instalación de Walmart, cancelar una línea de alta tensión e impedir la instalación de grandes proyectos destructivos de la cultura local y el medio ambiente.
Negocios vs. dictámenes
14 años después de aprobado el Programa de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, nada es exactamente lo mismo, pero la codicia se expande por todo Cuetzalan. En el peculiar escenario electoral, excluida toda coalición y con siete candidatos en liza, los que están mejor posicionados para la presidencia municipal son un viejo adversario del ordenamiento territorial, Óscar Paula Cruz, paradójicamente postulado por el partido que se dice ecologista, quien otorgó en 2015 el permiso de construcción a una tienda de usura en abonos chiquitos, también conocida como Coppel, pese al dictamen negativo del Órgano Técnico del COTIC, y Corizandy Carreón Vázquez, príista de cepa, designada por Gerson Calixto Dattoli, dos veces presidente municipal (2018-2024) del PRI, quien espera, mediante su fiel escudera en la regiduría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, extender su cacicazgo político en Cuetzalan.
No es sospecha de grillos. En menos de ocho meses, la cooperación entre funcionarios municipales e integrantes del COTIC se ha reducido casi a cero. Oficios no contestados, peticiones de reunión sin respuesta y nula participación de sus funcionarios en las asambleas. O peor aún: el domingo 19 de mayo en el auditorio municipal de Cuetzalan solo se presentó el director de Turismo y Ecología del municipio, Erwin Slim, para amenazar e insultar a varios miembros del COTIC, al tiempo que tomaba fotos de todos los participantes en un alarde de provocación cuyo mensaje implícito es claro. Al decir de uno de los fundadores del COTIC, “el ordenamiento integral estorba al ayuntamiento y el Consejo Asesor del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) es una forma de destruir la integralidad del ordenamiento para que el cabildo y los regidores puedan cambiar, a placer, los usos de suelo”.
Modificar las reglas de la zonificación y saltarse el visto bueno del COTIC es vieja aspiración de cierta clase política quetzalteca, pero la historia pesa. Ese pueblo mágico se ha consolidado como uno de los destinos alternativos más concurridos de los últimos lustros. Y eso ha convertido la zona monumental de Cuetzalan y sus alrededores en objeto de codicia multinivel. Las familias de koyomej, mestizo o coyote en náhuatl, de origen italiano o español, son descendientes de aquellos que introdujeron el café en Cuetzalan, añejos dueños de amplias extensiones de tierras, que por años controlaron el poder económico y político de la región.
Desplazados por las movilizaciones campesinas de finales de los setenta, sus herederos tuvieron su golpe de suerte con la turistificación de la cabecera municipal. En cuestión de años, aumentó la plusvalía de sus posesiones urbanas, convertidas en hotel boutique, cafetería orgánicas, tienda de artesanías o alojamiento turístico no regulado, con tal éxito que las altas rentas expulsaron a los trabajadores indígenas lejos de la ciudad mestiza y abrieron una nueva etapa de acumulación de capital junto a nuevos socios en ciernes, con dinero procedente de Puebla, Ciudad de México y otras partes de la república.
Aunque, como contrapeso, existen emprendimientos hoteleros de raíz popular, como la de la Tosepan Kali el Hotel Taselotzin o las Ticoteno, y la mayoría de los prestadores de servicio son locales, se respira en Cuetzalan la transición hacia tiempos nuevos en este incipiente capitalismo turístico-inmobiliario de la zona monumental.
Muchas son las piezas de un rompecabezas por armar entre tanta turbulencia electoral: inversionistas foráneos que compraron la vieja peña de Los Jarritos para convertirlo en Hotel Posada Los Jarritos. Apertura de caminos en la zona alta, de La Galera a Tacopizacta. O tres edificaciones, construidas en zona de preservación, que podrían ser hoteles de capital colombiano. Y una oferta de trabajo de un empresario de Teziutlán con la promesa que en la zona de Tzinacapan llegará un corredor de maquilas. Y cuando no es rumor, ya es realidad. En la zona baja de la cabecera, un impresionante edificio destaca en el horizonte y es visible desde todas las calles. Por todas parte, se sabe, o se rumorea, que alguien compra tierras, que otro abre brechas y que uno más bardea caminos de libre tránsito para cobrar peaje a turistas, pero también a locales.
Actualizar para resistir
Y ese Cuetzalan desregulado que aflora en las tablas de compatibilidad que Pascual Diego Peralta, integrante del Órgano Técnico, vio en el anteproyecto de Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) podría significar el nacimiento de un cártel inmobiliario, bendecido por el ayuntamiento, preocupación que comparten la inmensa mayoría de los integrantes del COTIC.
Reunidos por casi cuatro horas en un galpón de calores extremos, los integrantes del comité del ordenamiento integral decidieron el 19 de mayo de 2023 a las 13 horas con 19 minutos aprobar, con 43 votos a favor y una sola abstención, la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Cuetzalan del Progreso que en las próximas semanas deberá enviarse al ayuntamiento para su ratificación en plenaria del cabildo quetzalteca.
Coordinados por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP, alrededor de veinte voluntarios del COTIC se organizaron en comisiones desde octubre del 2023 para iniciar el proceso participativo de discusión del nuevo ordenamiento. 46 talleres con cientos de pobladores de todo el municipio discutieron, en dos rondas de reuniones, qué se puede hacer o no en el territorio de Cuetzalan, identificando, juntos, las problemáticas socioambientales y los sectores emergentes que generan estos conflictos: monocultivos comerciales, como el aguacate, o la desorganizada prestación de servicios turísticos que se superponen con iniciativas comunitarias para la gestión del agua o la generación renovable de energías renovables.
Los diagnósticos de este equipo los expuso Alejandra López, investigadora del Cupreder, a los 45 miembros del COTIC presentes en el auditorio aquel domingo de mercado. Con la actualización, se abrieron conceptos nuevos que responden a las modificaciones de uso de suelo y vegetación producidas en más de tres lustros: el macizo etnoagrícolaforestal, por ejemplo, esta mescolanza de bosque mesófilo de montaña, pequeña parcela y hasta casa habitación, cuyo uso predominante es compatible con el aprovechamiento forestal, la captación de agua o vida silvestre, pero incompatible con prácticas de minería o agropecuaria (con tractores), permitiéndose el uso condicionado más común, es decir, el cafetal bajo sombra y a ciertos asentamientos humanos de escaso impacto, evitando que las comunidades crezcan hacia este nuevo tipo de Unidad de Gestión Ambiental.
Este nuevo modelo de ordenamiento ecológico participativo para el territorio del municipio de Cuetzalan se pensó, entre otras cosas, para frenar la privatización de bellezas naturales al prohibir que se impidan los pasos de servidumbre o se condicionen “a cualquier cobro, respetando los acuerdos comunitarios”. En el horizonte, la visible depredación de los ecosistemas exige preservar el escaso bosque mesófilo de montaña y las zonas de monte productivo, en asociaciones que puedan ser cultivadas, pero mantengan su diversidad, permitiendo tanto la reproducción de especies como ciertos cultivos. Preservar, en armonía, el hábitat humano y natural para que las unidades de gestión ambiental del ordenamiento territorial actualizado sean funcionales y la defensa legal del territorio sea compartida por todos sus habitantes.
Cuando lo inevitable llega
Pero no hay paisaje ordenado sin ciudades reguladas. Y la separación entre lo rural y lo urbano que trata de impulsar el ayuntamiento con el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y su programa de acción liquidó, de facto, el existente Esquema de Desarrollo Urbano (EDU), vigente desde diciembre del 2010, negando al COTIC toda participación en el proceso.
Al final, los puentes tendidos por los órganos ejecutivo y técnico del ordenamiento no los cruzó ningún funcionario municipal. Ante el silencio del poder, la asamblea general extraordinaria del 19 de mayo del 2024 decidió, por unanimidad, emprender acciones legales para evitar la imposición, del PMDU al considerar que podría ser violatorio al derecho de libre determinación “de nuestro pueblo y nuestro territorio”.
Evidencias sobran. El proceso de construcción del programa se entregó a una consultora, Urbyplan, que negó la participación de las comunidades masewal, hizo a un lado al COTIC y creó un refrito, o pegostle, a conveniencia de los intereses inmobiliarios del ayuntamiento y sus promotores, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla. No se dieron más alternativas que la vía de los tribunales.
En Cuetzalan, la moneda está en el aire. Será el cabildo entrante el que retome la senda de la integralidad. O el que apueste por romper ese modelo único de cogestión del territorio. Las decisiones que se tomen sobre la actualización del ordenamiento ecológico y el plan de desarrollo urbano definirán, a las buenas o a las malas, la disputa por el territorio. Solo que esta vez la pulseada es interna y bien dice el refrán que pueblo chico, infierno grande.